
Un terremoto comercial de bajo perfil pero alta repercusión sacudió a Chile en abril de 2025, cuando Estados Unidos impuso un arancel del 10% sobre las importaciones chilenas, una medida que, a más de siete meses, sigue generando debates y desafíos. El 2 de abril, la administración estadounidense anunció esta tasa adicional que afecta a 97 países, incluyendo a Chile, en un contexto global de proteccionismo creciente y tensiones comerciales que no perdonan a economías abiertas y dependientes de la exportación.
Desde Santiago, el presidente Gabriel Boric reaccionó con un mensaje cargado de pesar y pragmatismo. 'Lamento esta medida unilateral, pero nuestro gobierno trabaja en minimizar sus efectos y buscar oportunidades en medio del desafío', afirmó en una serie de reuniones estratégicas con ministros y representantes del sector privado, evidenciando un intento de cohesión frente a un golpe inesperado.
El gobierno ha tratado de presentar una postura unificada, destacando la importancia de la solidaridad nacional ante lo que califican como una acción que no apunta exclusivamente a Chile, sino que es parte de una política más amplia de Washington. Sin embargo, en el terreno político, la medida ha abierto grietas. Algunos sectores de oposición critican la falta de anticipación y la dependencia excesiva de mercados externos, mientras que otros llaman a aprovechar la coyuntura para diversificar destinos comerciales y fortalecer la industria local.
En el mundo empresarial, la reacción es igualmente mixta. Exportadores agroalimentarios y manufacturadores han reportado pérdidas y dificultades para mantener competitividad, mientras que expertos en comercio internacional advierten que la medida podría acelerar procesos de innovación y búsqueda de nuevos acuerdos bilaterales o regionales.
El golpe arancelario no es homogéneo. Regiones como la del Biobío y Los Lagos, con alta dependencia de las exportaciones agrícolas y pesqueras, han visto una desaceleración en sus economías locales, aumentando la incertidumbre laboral y social. Desde las comunidades, voces de trabajadores y pequeños empresarios expresan preocupación por la estabilidad de sus fuentes de ingreso.
Por otro lado, sectores académicos y analistas económicos subrayan que esta crisis pone en evidencia la vulnerabilidad estructural de Chile: una economía abierta, con fuerte concentración en pocos productos y mercados. 'Este es un llamado a repensar el modelo de desarrollo y diversificar no solo productos, sino también socios comerciales', señala la economista Paula Rojas, de la Universidad de Chile.
A siete meses del anuncio, la medida estadounidense se mantiene vigente y ha obligado a Chile a acelerar planes de adaptación. Si bien aún no se registran efectos catastróficos, la presión sobre sectores productivos es palpable y la búsqueda de alternativas comerciales se ha intensificado.
Queda claro que esta historia no es solo un episodio aislado de tensión bilateral, sino un reflejo de un mundo donde las reglas del juego económico se reescriben con rapidez y dureza. La capacidad de respuesta chilena, tanto política como empresarial, será determinante para evitar que este contratiempo se transforme en una crisis más profunda.
En definitiva, lo que comenzó como un golpe externo ha abierto un debate interno sobre la sostenibilidad del modelo económico, la necesidad de fortalecer la resiliencia productiva y la urgencia de pensar en un Chile menos dependiente y más preparado para las tormentas globales que ya no son excepcionales, sino parte del nuevo normal.
2025-11-07
2025-11-16
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