
En abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una política arancelaria que, lejos de ser un simple ajuste comercial, ha desatado un complejo juego de poder con consecuencias que hoy, a ocho meses de distancia, revelan un panorama mucho más profundo y fracturado.
El 2 de abril, Trump anunció un arancel general del 10% para todas las importaciones, y tasas específicas que alcanzan hasta el 25% en sectores clave como la industria automotriz. Esta medida, presentada como una defensa de la manufactura estadounidense y una respuesta al déficit comercial, ha tensionado no solo a socios tradicionales sino también a países aliados, evidenciando un cambio radical en la diplomacia económica de Washington.
Desde la óptica del gobierno estadounidense, este giro busca 'recuperar empleos perdidos y fortalecer la economía nacional', según declaraciones oficiales. Sin embargo, economistas y expertos en comercio internacional advierten que los costos inmediatos recaen en los consumidores, con alzas en precios y escasez de ciertos productos.
En Latinoamérica, la reacción ha sido diversa. Colombia y Canadá, dos de los países más afectados, han experimentado tensiones diplomáticas que han escalado hasta amenazas mutuas de represalias arancelarias. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la medida como un ataque a la integración regional y una amenaza para la estabilidad económica. Por su parte, sectores industriales canadienses enfrentaron incertidumbre ante la amenaza de un arancel del 50% sobre la electricidad exportada a EE.UU., una medida que finalmente se desactivó tras negociaciones tensas.
Lo que en un principio parecía un ajuste puntual, ha puesto en evidencia la complejidad de las cadenas productivas globales. El sector automotriz, por ejemplo, opera con insumos y procesos distribuidos en múltiples países. Los aranceles encarecen las exportaciones y generan duplicidad de costos, afectando la competitividad y la capacidad de respuesta ante la demanda.
Empresas chilenas vinculadas a estas cadenas han reportado aumento en costos y dificultades para mantener contratos internacionales, lo que ha generado preocupación en gremios empresariales y sindicatos por igual.
El debate se ha polarizado. Por un lado, defensores de la política arancelaria la ven como una necesaria corrección ante décadas de desindustrialización y dependencia externa. Por otro, críticos alertan sobre un retroceso hacia el aislacionismo y los riesgos de una guerra comercial que puede desacelerar el crecimiento global.
La economista chilena María Fernández señala que “la imposición de aranceles como herramienta de negociación política puede generar más daños colaterales que beneficios reales, especialmente para economías interdependientes como la nuestra”. En tanto, sectores sindicales estadounidenses celebran las medidas como un triunfo para la recuperación del empleo local.
Tras meses de implementación, queda claro que los aranceles han modificado no solo flujos comerciales, sino también alianzas y discursos políticos. La estrategia de Trump ha evidenciado la fragilidad de acuerdos multilaterales y la facilidad con que la economía puede ser instrumentalizada para fines políticos.
Para Chile y la región, el desafío está en navegar este nuevo escenario con pragmatismo, buscando diversificar mercados y fortalecer la integración regional para mitigar impactos.
En definitiva, la política arancelaria estadounidense ha puesto en jaque los fundamentos del comercio global contemporáneo, obligando a gobiernos, empresas y ciudadanos a replantear sus estrategias y expectativas en un mundo que se muestra cada vez más incierto y fragmentado.
2025-11-12
2025-11-12