
El 2 de abril de 2025, Chile volvió a sentir el temblor que recordó, una vez más, su condición de país sísmico. Un sismo de magnitud 3.6, con epicentro a 25 km al suroeste de Huasco y profundidad de 47 km, fue reportado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Aunque la intensidad no causó daños mayores, la sacudida puso sobre la mesa viejas preguntas sobre la preparación y la resiliencia ante futuros eventos de mayor escala.
Desde entonces, el debate ha madurado y se ha diversificado, evidenciando tensiones y consensos que configuran el panorama actual.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reforzó sus campañas informativas y protocolos de emergencia. 'Hemos avanzado en la educación preventiva, pero la realidad territorial nos exige más', admitió un vocero en entrevista con medios nacionales.
Sin embargo, la crítica se centra en la persistencia de brechas estructurales: la calidad de la infraestructura en zonas rurales, la desigualdad en el acceso a recursos y la coordinación interinstitucional aún presentan desafíos. Los recientes simulacros revelaron deficiencias en la respuesta rápida y la comunicación efectiva.
Comunidades afectadas por movimientos sísmicos históricos, como las de la Región de Atacama, expresan una mezcla de resignación y exigencia. 'No basta con que nos digan qué hacer, necesitamos viviendas seguras y apoyo real', señaló una dirigente vecinal de Huasco.
Organizaciones sociales y académicos insisten en que la prevención debe ser un proceso participativo y transversal, vinculando educación, urbanismo y políticas públicas con la realidad local.
El gobierno actual ha asignado recursos para fortalecer el sistema de alerta temprana y mejorar la infraestructura crítica, pero la oposición denuncia que estas medidas llegan tarde y son insuficientes. 'La prevención no puede ser un parche; requiere una estrategia integral y presupuesto adecuado', sostuvo un parlamentario opositor.
El debate también ha puesto en evidencia la necesidad de un enfoque que contemple las desigualdades regionales y sociales, evitando que la protección ante desastres sea un privilegio de sectores más acomodados.
A más de siete meses del temblor de abril, Chile sigue enfrentando la tragedia latente de su geografía sísmica. La experiencia reciente ha dejado en claro que la preparación no es solo cuestión técnica, sino también política y social. La coexistencia de avances y falencias invita a un análisis crítico sobre cómo se distribuyen los recursos y responsabilidades.
En definitiva, el país está en un cruce: puede optar por fortalecer un sistema de prevención inclusivo y sostenible, o repetir ciclos de reacción fragmentada que solo alivian momentáneamente el riesgo. La historia y la ciencia están disponibles; la decisión política y social, aún pendiente.