Crisis migratoria en la frontera Chile-Perú: un choque de políticas y realidades sociales

Un grupo de migrantes, en su mayoría venezolanos, protagonizó un intento de ingreso forzado a territorio peruano el pasado lunes 1 de diciembre, en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, ubicado en la frontera con Chile. Alrededor de 20 personas, entre adultos y niños, cruzaron a pie y fueron detenidas por las autoridades peruanas, para luego ser devueltas al lado chileno. El episodio, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en una crisis migratoria que ha tensionado la región durante las últimas semanas.

La situación ha llevado a que ambos países aceleren la cooperación en materia de seguridad fronteriza. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y su par peruano, Hugo de Zela, acordaron la puesta en marcha de patrullajes conjuntos y un intercambio de información más fluido para mejorar la gestión migratoria y la seguridad. Esta coordinación se formalizó en la creación de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que busca responder a la complejidad del fenómeno en terreno.

Desde el lado peruano, la declaración de estado de emergencia en la región de Tacna por 60 días y el despliegue de un contingente militar han sido medidas para contener el flujo irregular. El presidente José Jerí justificó la militarización como una acción necesaria para "cuidar nuestras fronteras e imponer un principio de autoridad". Sin embargo, esta estrategia ha generado un efecto inmediato: decenas de migrantes quedaron varados en el lado chileno, especialmente en la zona de Arica, donde la precariedad y la incertidumbre se han instalado.

En Chile, la crisis también ha desatado debates políticos intensos. El diputado Vlado Mirosevic, desde una postura oficialista y liberal, ha señalado que la salida irregular de personas hacia Perú se mantiene constante desde hace años, motivada principalmente por el alza del costo de vida y la falta de oportunidades. Por otro lado, el ultraderechista José Antonio Kast ha capitalizado la crisis para prometer expulsiones masivas y un control migratorio férreo, comprometiéndose a una "mano dura" que, según expertos, carece de viabilidad logística y diplomática.

Cinco excancilleres chilenos de gobiernos de centroizquierda y de izquierda han expresado su rechazo a las propuestas de Kast, argumentando que estas no solo son inviables, sino que también vulneran derechos humanos fundamentales. "Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento en recintos cuasi carcelarios son incompatibles con la dignidad humana y los estándares internacionales", señalaron en una carta pública.

La crisis también expone diferencias estructurales entre ambos países. Perú, con una alta tasa de informalidad laboral —que afecta a siete de cada diez trabajadores— ofrece un mercado donde muchos migrantes encuentran empleo en condiciones precarias, mientras que en Chile la informalidad es menor, pero el costo de vida es más alto y las políticas migratorias más restrictivas.

José Koechlin, especialista en migración, advierte que "aunque Kast busca capitalizar el malestar social, expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares es una tarea logística y diplomática compleja, casi imposible de concretar". Asimismo, expertos peruanos subrayan la necesidad de un plan humanitario que contemple a los más vulnerables: mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades graves.

La tensión en la frontera no solo tiene implicancias humanitarias, sino también económicas y sociales. La región de Tacna ha dependido históricamente del intercambio comercial con Arica, con un flujo turístico que se ha reducido a menos de la mitad desde la pandemia. "Un cierre indiscriminado de la frontera afectaría no solo a la diáspora venezolana, sino también a la economía local", advierte Koechlin.

Finalmente, la crisis migratoria en la frontera Chile-Perú es un escenario donde se enfrentan discursos políticos, realidades socioeconómicas y derechos humanos, con consecuencias palpables para miles de personas en situación de vulnerabilidad. Los intentos de ingreso forzado, la militarización, la cooperación binacional y las tensiones políticas reflejan un conflicto complejo que no se resolverá con soluciones simplistas. La invitación es a mirar más allá de la urgencia y construir respuestas integrales que reconozcan la dignidad y las necesidades de todos los involucrados.