
Un año después de su ausencia en los informes oficiales, Chile volvió a ser incluido en abril de 2025 en la lista de barreras comerciales que Estados Unidos mantiene sobre sus socios internacionales. El 1 de abril, la Oficina del Representante de Comercio (USTR) publicó un informe que vuelve a señalar incumplimientos y preocupaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. Este hecho, que a simple vista parece un trámite técnico, ha desatado un choque de perspectivas que pone en jaque la relación económica y política entre ambos países, y abre un escenario de incertidumbre para los mercados y actores nacionales.
El origen de la disputa está en observaciones reiteradas sobre la protección de la propiedad intelectual, la regulación de datos farmacéuticos, y las reformas al sistema de pensiones chileno. Según el informe de la USTR, Estados Unidos mantiene su preocupación por la falta de avances en el control efectivo de la piratería en línea, demoras en disputas de patentes y normas poco claras para transferencias transfronterizas de datos, a pesar de la reciente ley aprobada en enero de 2025. En particular, la subasta de cartera de afiliados incluida en la reforma de pensiones ha sido un punto focal de queja para aseguradoras estadounidenses.
Este pulso ha provocado reacciones contrapuestas dentro del espectro político chileno. Desde el oficialismo, el Gobierno ha defendido la voluntad negociadora y ha insistido en que las reformas internas son compatibles con los compromisos internacionales, señalando que 'el diálogo con Estados Unidos está abierto y que se buscarán soluciones pragmáticas para evitar medidas proteccionistas.' En cambio, sectores de oposición han interpretado el informe como una presión externa que amenaza la soberanía y los avances sociales alcanzados, advirtiendo que 'Chile no puede ceder en sus reformas sociales ante amenazas comerciales.'
En el plano económico, la inclusión en la lista ha tenido un efecto inmediato en la percepción de riesgo y en los mercados. El precio del cobre, principal producto de exportación chileno, mostró volatilidad y una baja sostenida en los meses siguientes al anuncio, reflejando temores de posibles represalias arancelarias. Expertos consultados coinciden en que, si bien no hay medidas concretas aplicadas hasta ahora, la incertidumbre puede afectar inversiones y el clima empresarial.
Desde la perspectiva regional, el pulso con Estados Unidos ha abierto debates sobre la necesidad de diversificar socios comerciales y fortalecer acuerdos en América Latina y Asia. Algunos analistas plantean que Chile debe aprovechar esta coyuntura para impulsar una agenda más autónoma en comercio exterior, mientras otros advierten que una ruptura con Washington podría ser costosa para la economía nacional.
Los hechos confirman que la relación comercial entre Chile y Estados Unidos es compleja y está atravesada por múltiples tensiones de fondo. La reaparición de Chile en la lista de barreras no es solo un episodio aislado, sino un síntoma de discrepancias estructurales en la interpretación y aplicación del TLC, en un contexto global marcado por el resurgimiento de proteccionismos y la redefinición de alianzas estratégicas.
La lección que deja esta historia es clara: la economía chilena, aunque históricamente ligada a Estados Unidos, debe prepararse para un escenario donde la estabilidad del vínculo no está garantizada y donde la defensa de intereses nacionales puede chocar con exigencias externas. El diálogo y la negociación serán claves, pero también la capacidad de Chile para diversificar y fortalecer su posición en el mapa comercial global.
Fuentes consultadas incluyen el informe oficial de la USTR, análisis de economistas del Banco Central de Chile, declaraciones del Ministerio de Economía y entrevistas con representantes de gremios empresariales y sociales.