Acusación constitucional contra juez Simpertigue: un juicio que desnuda la crisis de la Corte Suprema

En un episodio que ha puesto a la Corte Suprema bajo un escrutinio sin precedentes, el ministro Diego Simpertigue enfrenta una acusación constitucional que ha trascendido la esfera judicial para convertirse en un símbolo de la crisis institucional que afecta al máximo tribunal chileno.El 24 de noviembre de 2025, diputados oficialistas ingresaron una acusación constitucional contra Simpertigue por "notable abandono de deberes", vinculada a su actuación en dos causas emblemáticas: el litigio entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, y el caso Fundamenta. A esta acusación se suman denuncias por presunto tráfico de influencias en nombramientos notariales, particularmente por la intervención en ternas donde figura el esposo de su hijastra, conocido como el "Yernísimo".

El origen de la controversia se remonta a la revelación de un viaje en crucero que Simpertigue realizó en 2024 junto a Eduardo Lagos, abogado imputado en la llamada "trama bielorrusa", y su esposa. Este viaje ocurrió días después de que la Corte Suprema fallara a favor de Belaz Movitec, beneficiando al consorcio en disputa con Codelco. La Fiscalía y la Comisión revisora de la Cámara de Diputados han centrado su investigación en esta relación, que pone en entredicho la imparcialidad y probidad del magistrado.

Desde el punto de vista jurídico, expertos como el profesor Javier Couso han señalado que, de comprobarse los hechos, la acusación tiene un sustento legal sólido que configura un notable abandono de deberes. Couso destacó que "el hecho de redactar o no el fallo es irrelevante si se acredita la estrecha familiaridad de un juez que participó en la deliberación y voto final". Por su parte, Simpertigue ha reconocido la cercanía con Lagos y Vargas, explicando que los viajes fueron organizados por las esposas y negando influencias indebidas en sus decisiones judiciales.

En el plano político, la acusación ha generado un choque frontal entre posturas. Inicialmente impulsada por diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, la ofensiva encontró respaldo mayoritario en la bancada de la UDI, con figuras como Marco Antonio Sulantay y Henry Leal manifestando su disposición a apoyar el libelo. Sulantay afirmó que "está comprobada la relación del ministro con los abogados y no haberse inhabilitado es un punto clave". En contraste, hay voces que llaman a esperar el avance de las investigaciones internas del Poder Judicial antes de avanzar en la vía política.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de crisis en la Corte Suprema, que en esta legislatura ha visto la destitución de varios ministros por causas similares, como Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa. El exfiscal Carlos Gajardo calificó la situación como una "crisis institucional bastante profunda", reflejando un sistema judicial tensionado y cuestionado en su integridad.

La acusación consta de tres capítulos: primero, la falta de probidad, abstención e imparcialidad en el caso Belaz Movitec; segundo, conflictos de interés en nombramientos notariales; y tercero, infracciones similares en el caso Fundamenta. El proceso en la Cámara de Diputados se encuentra en la fase de análisis y audiencias, con un calendario que podría extenderse hasta mediados de diciembre.

Simpertigue se encuentra con arraigo nacional, lo que le impide salir del país mientras dure el proceso, y ha solicitado vacaciones para definir su estrategia de defensa. Su posible renuncia fue descartada legalmente debido a la existencia del sumario en su contra.

En definitiva, este caso desnuda no solo las fallas individuales, sino también las debilidades estructurales de un Poder Judicial que lucha por recuperar credibilidad. La acusación contra Simpertigue es, en esencia, un llamado de atención sobre la necesidad urgente de reformas profundas y un sistema de control más efectivo, que garantice la independencia y probidad de sus integrantes.

Las consecuencias de esta crisis se proyectan más allá del tribunal: impactan en la confianza ciudadana, la percepción del Estado de Derecho y la estabilidad democrática. Mientras se desarrollan las sesiones en la Cámara, la ciudadanía observa expectante, consciente de que el desenlace marcará un precedente crucial para la justicia chilena.