Estados Unidos cierra el espacio aéreo a Venezuela tras ultimátum a Maduro: una semana para dejar el poder

El pulso entre Washington y Caracas alcanzó un punto crítico a fines de noviembre, cuando una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro reveló la escasez de opciones para el régimen chavista. El 21 de noviembre, Trump dio un ultimátum de siete días a Maduro para dejar el poder junto a su familia, con un salvoconducto condicionado y sin aceptar la mayoría de las demandas planteadas por el líder venezolano.

Maduro había solicitado garantías amplias: amnistía legal total para él y su círculo cercano, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses, la retirada de cargos internacionales y la formación de un gobierno interino encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para convocar nuevas elecciones. Sin embargo, desde Washington se rechazaron casi todas estas condiciones, limitándose a ofrecer un plazo breve para salir del país.

Al vencer el plazo el 28 de noviembre, Estados Unidos cerró el espacio aéreo venezolano, intensificando la presión sobre el régimen. Esta medida se suma a una serie de acciones previas, entre ellas sanciones económicas, acusaciones de narcotráfico y terrorismo contra el llamado Cartel de los Soles, y amenazas militares públicas.

El contexto de esta escalada es complejo y multifacético. Desde la perspectiva estadounidense, el régimen de Maduro representa un actor autoritario vinculado a la corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Washington ha buscado una transición política que asegure la restauración de la democracia y el control sobre recursos estratégicos, especialmente el petróleo.

Por otro lado, el gobierno venezolano denuncia una campaña de agresión externa que busca un cambio de régimen para apoderarse de sus riquezas naturales. “EE.UU. busca controlar nuestros recursos y subyugar a nuestro pueblo”, ha declarado el oficialismo, que mantiene un discurso de resistencia y soberanía.

En el escenario internacional, la crisis venezolana sigue polarizando a actores regionales. Algunos países latinoamericanos apoyan la presión estadounidense y la oposición venezolana, mientras otros llaman a la negociación y al respeto de la autodeterminación nacional. Esta división refleja intereses geopolíticos y económicos, así como distintas visiones sobre la legitimidad y el futuro de Venezuela.

La ciudadanía venezolana, por su parte, continúa sufriendo las consecuencias de la crisis prolongada: escasez de alimentos y medicinas, migración masiva y deterioro de servicios básicos. Las tensiones políticas se traducen en una tragedia social que parece no encontrar una salida inmediata.

Fuentes de Reuters y The Miami Herald han sido clave para revelar los detalles de la llamada y el ultimátum, mientras que las respuestas oficiales han sido escasas o evasivas.

En definitiva, este episodio muestra la complejidad de un enfrentamiento que no solo es diplomático, sino que también es una lucha por el control político y económico en un país marcado por años de polarización y crisis. La decisión de Trump y la reacción de Maduro evidencian que las opciones para una solución pacífica y negociada son limitadas, y que la escalada de sanciones y presiones podría prolongar la incertidumbre y el sufrimiento venezolano.

Este capítulo confirma que, en el tablero latinoamericano, la crisis venezolana sigue siendo un campo de batalla donde convergen intereses contrapuestos, discursos irreconciliables y un pueblo que paga el precio más alto.