
En un escenario político marcado por la inquietud ciudadana frente a la seguridad pública, el pasado 31 de marzo se llevó a cabo un encuentro inédito que reunió a seis de los principales candidatos presidenciales. La Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile convocó a esta cumbre donde los aspirantes expusieron sus propuestas y se enfrentaron en un debate que dejó al descubierto no solo diferencias programáticas, sino también profundas tensiones en la narrativa política sobre el tema.
El telón se abrió con José Antonio Kast, quien no dudó en situar la inseguridad como un "impuesto cruel" que afecta a los trabajadores y emprendedores del país. "Es un impuesto que muchos pagan en silencio, con miedo, con pérdidas importantes y con un gran grado de frustración", afirmó, mientras lanzaba dardos directos hacia su principal contrincante, la exministra Carolina Tohá, cuestionando la gestión en materia de control fronterizo y seguridad.
Johannes Kaiser, representante de los libertarios, sumó su voz crítica con un llamado a reducir la burocracia estatal y cuestionó la eficacia del recién creado Ministerio de Seguridad. "Si el Ministerio de Seguridad nos garantizara seguridad, el Ministerio del Mar en Bolivia les daría mar", ironizó, proponiendo además un aumento sustancial de plazas carcelarias y penas más estrictas para delitos menores.
Desde la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga adoptó un tono más institucional, pero no menos firme. Destacó la necesidad de un "trabajo sin complejos" y anunció medidas como el despliegue militar en fronteras y la eliminación del secreto bancario para combatir el crimen organizado. "El miedo tiene que cambiar de bando", sentenció, poniendo en escena la sensación de inseguridad que permea en la sociedad.
Carolina Tohá, con experiencia directa en la cartera de Interior, defendió la gestión realizada durante su mandato y enfatizó que las soluciones deben basarse en hechos y no en promesas populistas. "En materia de seguridad no tengo ningún complejo", afirmó, destacando las 68 nuevas legislaciones impulsadas y la necesidad imperiosa de recursos y gestión para aplicarlas eficazmente. Sin embargo, reconoció que la realidad chilena no puede ser abordada con modelos importados sin adaptación.
Finalmente, Evelyn Matthei, desde la UDI, centró su discurso en la inmigración ilegal y la delincuencia, proponiendo un control férreo de las fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas y la eliminación de beneficios sociales para quienes ingresan de manera irregular. "No es posible tener cárceles de máxima seguridad en el centro de Santiago, tienen que estar totalmente aisladas", concluyó, proponiendo el traslado de reos a zonas desérticas.
Este debate, lejos de mostrar consensos, exhibe un país dividido en la interpretación de sus problemas y en las soluciones que se deben implementar. Por un lado, se observa una postura que enfatiza el orden, la mano dura y la seguridad como condición para el desarrollo; por otro, un enfoque que reclama gestión, recursos y políticas integrales que reconozcan la complejidad social.
A nueve meses de las elecciones presidenciales, la seguridad pública se perfila como uno de los temas más decisivos y polarizadores. Las propuestas, aunque variadas, coinciden en la urgencia de un cambio, pero difieren en el camino para alcanzarlo.
Las voces ciudadanas reflejan esta disonancia: mientras algunos reclaman mayor presencia policial y penas más duras, otros advierten sobre los riesgos de políticas que podrían afectar derechos humanos y profundizar la exclusión social.
En definitiva, este episodio confirma que la seguridad pública en Chile no es solo un problema de cifras o leyes, sino un campo de batalla simbólico y político donde se juegan visiones de país, modelos de convivencia y la confianza en las instituciones. La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica y las promesas, los futuros gobernantes tendrán la capacidad y voluntad para enfrentar esta tragedia social con la profundidad y responsabilidad que exige.