Corte de Apelaciones desafora a Joaquín Lavín León: un golpe al fuero parlamentario en medio de acusaciones de fraude

El 16 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la política chilena. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió desaforar al diputado Joaquín Lavín León, ex militante de la UDI, abriendo la puerta para que la Fiscalía Metropolitana Oriente avance en una investigación penal que lo involucra en delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumentos mercantiles y delitos tributarios. Este desafuero, oficializado con la sentencia despachada el 18 de noviembre, fue respaldado por una amplia mayoría del pleno del tribunal, con la excepción de los ministros Juan Cristóbal Mera y Jaime Balmaceda, que manifestaron su disenso.

El caso se originó en denuncias sobre irregularidades en la rendición de gastos parlamentarios. Según el fallo, se presentaron facturas con fechas alteradas para obtener reembolsos indebidos de fondos públicos, además de financiamiento irregular de campañas políticas, hechos que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“El proceso de desafuero no constituye un proceso independiente especial, sino una condición de procesabilidad, un antejuicio de probabilidad que tiene por finalidad ponderar la posibilidad de acusar y someter a juicio al parlamentario”, explicita la sentencia, dejando claro que la medida no prejuzga culpabilidad, sino que habilita la acción judicial sin las limitaciones del fuero parlamentario.

Desde la defensa, Lavín ha negado participación en los ilícitos, cuestionando la interpretación de los hechos y la existencia misma de algunos de ellos. Sin embargo, la Corte concluyó que los antecedentes presentados por el Ministerio Público son objetivos, precisos y suficientes para otorgar plausibilidad a las acusaciones. Los votos disidentes expresaron que no se alcanzó el estándar legal necesario para proceder al desafuero, evidenciando la tensión jurídica que rodea el caso.

Este episodio no solo es una batalla legal, sino un choque frontal entre la política tradicional y las demandas ciudadanas por mayor transparencia y responsabilidad. Sectores de la oposición y organizaciones sociales han visto en el desafuero un signo de que la justicia comienza a actuar sin privilegios, mientras que simpatizantes del diputado denuncian una persecución política que pone en riesgo la estabilidad institucional.

En el escenario político, la medida ha desatado un debate intenso. Algunos parlamentarios advierten que la caída del fuero puede ser una espada de doble filo, debilitando la protección necesaria para el ejercicio independiente de la función legislativa. Otros, en cambio, defienden que ningún representante debe estar por encima de la ley, especialmente cuando se trata de delitos que afectan la confianza pública.

En conclusión, este desafuero es un punto de inflexión en la relación entre justicia y política en Chile. La Corte de Apelaciones ha establecido un precedente que podría influir en futuras investigaciones contra parlamentarios, reafirmando que el fuero no es un escudo para la impunidad. Sin embargo, la controversia y la división de opiniones también reflejan que el equilibrio entre autonomía legislativa y rendición de cuentas sigue siendo un terreno complejo y en disputa.

Mientras la causa avanza hacia la Corte Suprema, el país observa atento, consciente de que este proceso judicial tiene implicancias que trascienden a un solo diputado y que cuestionan el pacto ético-político que sostiene la democracia chilena.

Fuentes: La Tercera, Cambio21, El Informador Chile.