
El pulso entre Colombia y Estados Unidos por el control del espacio aéreo venezolano ha adquirido esta semana una nueva dimensión, con repercusiones que van más allá de la geopolítica inmediata. El 1 de diciembre de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó restablecer el servicio aéreo civil con Venezuela, desafiando la advertencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había declarado el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad". Este gesto no solo pone en evidencia las tensiones entre Bogotá y Washington, sino que también abre una disputa jurídica y diplomática que involucra a organismos internacionales y a la propia región latinoamericana.
Desde agosto, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha tensado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado por Washington como una operación contra el narcotráfico, denominada "Operación Lanza del Sur". Este operativo ha incluido al menos 21 ataques contra supuestas narcolanchas, con un saldo de 83 muertos, y la inclusión del llamado "cartel de los Soles" en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En este contexto, Trump anunció el cierre del espacio aéreo venezolano para las aerolíneas internacionales, una medida que Caracas calificó de "amenaza colonialista" y llevó ante la ONU.
“EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”, afirmó Petro, quien además solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aclarar la legalidad de esta decisión. El presidente colombiano, también en su rol de titular de la CELAC, advirtió que aceptar el cierre sin base jurídica implicaría un quiebre en el respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.
Paralelamente, Trump convocó a una reunión con su equipo de seguridad nacional para evaluar los próximos pasos respecto a Venezuela. Participaron figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio —conocido por su postura dura contra Caracas— y el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por la orden de eliminar a sobrevivientes de ataques contra narcolanchas.
La reunión del 1 de diciembre ocurrió tras revelaciones periodísticas y declaraciones contradictorias de Trump, quien reconoció haber conversado telefónicamente con Nicolás Maduro pero evitó calificar el resultado, y que minimizó la alarma generada por el anuncio del cierre del espacio aéreo.
Este doble juego refleja la complejidad de la estrategia estadounidense: mantener presión militar y sanciones mientras no se descarta un canal diplomático, aunque sin señales claras de una desescalada.
Caracas, por su parte, ha elevado el conflicto a instancias internacionales, denunciando una violación flagrante de la Convención de Chicago de 1944, que establece la soberanía absoluta de los Estados sobre su espacio aéreo. Además, alertó sobre el impacto humanitario, especialmente la suspensión unilateral de vuelos del "Plan Vuelta a la Patria", programa de repatriación de migrantes venezolanos.
En la región, la postura colombiana ha sido recibida con cierto alivio por quienes temen una escalada militar, pero también genera inquietudes sobre las implicancias políticas y económicas de desafiar a Estados Unidos en un tema tan sensible.
- “Cerrar el espacio aéreo de otro país sin base legal es un acto de agresión que socava la paz regional”, sostiene un experto en derecho internacional consultado por este medio.
- Desde Washington, un asesor del Pentágono señala que “la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico requieren medidas firmes, aunque siempre buscamos evitar conflictos directos”, reflejando la tensión entre la retórica belicista y la prudencia estratégica.
- En Colombia, sectores opositores critican a Petro por “poner en riesgo la alianza con Estados Unidos y desconocer la gravedad del régimen venezolano”, mientras organizaciones sociales defienden la apuesta por el diálogo y la soberanía.
Este episodio confirma que el conflicto en torno a Venezuela no es solo un choque bilateral, sino un escenario donde convergen soberanía, seguridad, derecho internacional y geopolítica hemisférica. La decisión de Colombia de restablecer vuelos civiles no solo desafía a Estados Unidos, sino que pone en jaque el equilibrio regional, obligando a repensar los límites del poder y la legitimidad en las relaciones internacionales.
La OACI y la ONU enfrentan ahora la tarea de dirimir un conflicto que podría sentar precedentes sobre la soberanía aérea y la intervención extraterritorial. Mientras tanto, la población venezolana sigue atrapada en medio de un tablero donde las piezas se mueven entre amenazas militares, sanciones y esfuerzos diplomáticos inciertos.
En definitiva, el llamado de Petro a privilegiar el diálogo frente a la "barbarie" no solo es un gesto político, sino un desafío a un sistema internacional que, más que nunca, requiere reglas claras y respeto mutuo para evitar que la tragedia se siga desplegando en los cielos del Caribe.