La seguridad vial en Chile: un debate que dejó de ser silencioso para convertirse en urgencia nacional

Un tema relegado por años, ahora en el centro del escenario nacional. En 2022, la tasa de homicidios vinculados a siniestros viales aumentó un 42% respecto al año anterior, y en 2023 se reportaron 633 víctimas fatales en accidentes de tránsito, cifras que no solo estremecen a las familias afectadas, sino que también han encendido las alarmas en la opinión pública y en los actores políticos. Tras años de invisibilización, la seguridad vial ha dejado de ser una pandemia silenciosa para convertirse en una prioridad ineludible en la agenda nacional, especialmente en medio de la campaña presidencial de 2025.

Enfrentamientos en el coliseo político

El 31 de marzo de 2025 se creó el Ministerio de Seguridad, nombrando a Luis Cordero como su primer ministro, en un gesto que pretendía demostrar un compromiso renovado con la seguridad pública. Sin embargo, las tensiones no tardaron en manifestarse. Mientras el gobierno actual sostiene que las leyes existentes son suficientes y que el foco debe estar en la gestión efectiva, la oposición y organizaciones civiles reclaman reformas profundas y una visión integral que incluya prevención, educación y mejoras en infraestructura vial.

“Es peligroso y desleal usar el miedo como estrategia política”, advirtió el ministro Cordero en una entrevista, intentando deslindar la gestión de la instrumentalización electoral. No obstante, activistas de seguridad vial y expertos replican que minimizar el debate público sobre criminalidad vial es un error que pone en riesgo vidas.

Voces desde la calle y la academia

Desde la perspectiva ciudadana, el aumento de siniestros ha generado una sensación creciente de inseguridad y desprotección. Familias que han perdido seres queridos exigen respuestas claras y acciones concretas. Por otro lado, académicos y especialistas en políticas públicas advierten que el problema excede la simple aplicación de leyes y requiere un abordaje multidimensional que incluya educación vial desde la infancia, mejoramiento de la infraestructura y un sistema de fiscalización más eficiente.

Impacto socioeconómico y regional

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen y violencia, incluyendo accidentes viales, representan cerca del 3,44% del PIB regional. En Chile, la carga económica y social de los siniestros viales se traduce en pérdidas incalculables para las familias, el sistema de salud y la productividad nacional.

Las regiones del país no son homogéneas en esta crisis: zonas urbanas muestran altos índices de accidentes por congestión y velocidad, mientras que las rurales enfrentan desafíos de infraestructura y acceso a atención médica oportuna. Esta disparidad ha sido otro punto de controversia entre autoridades y actores sociales, que reclaman respuestas adaptadas a las realidades locales.

Constataciones y consecuencias

La seguridad vial en Chile ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en un campo de batalla político y social donde se enfrentan visiones que no solo divergen en tácticas, sino en la comprensión misma del problema. La evidencia muestra que la legislación vigente no es suficiente si no se acompaña de una gestión eficiente, educación continua y compromiso ciudadano.

La campaña presidencial de 2025 ha puesto en primer plano un debate que antes se evitaba, evidenciando la necesidad de políticas públicas integrales y sostenibles. La ciudadanía, por su parte, demanda no solo palabras, sino resultados concretos. El desafío es enorme y las consecuencias, trágicas cuando se ignoran.

En definitiva, la seguridad vial es una tragedia que Chile no puede permitirse repetir. La única salida posible es un diálogo amplio, informado y honesto, que reconozca las complejidades del fenómeno y que permita construir un consenso social y político en torno a soluciones efectivas. Solo así podrá este país avanzar hacia un futuro donde las calles sean espacios de vida y no de muerte.