Gobierno chileno se detiene en definición de sitios prioritarios para la biodiversidad: la presión empresarial que marcó un cambio de rumbo
El giro inesperado en la política ambiental chilena se materializó a mediados de noviembre de 2025, cuando el Ministerio del Medio Ambiente anunció que no continuará con la definición de los 99 sitios prioritarios para protección bajo la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) hasta que se realice un análisis más profundo de los insumos surgidos del proceso de consulta pública y participación indígena.
Esta decisión, que a primera vista podría parecer un simple retraso administrativo, es en realidad el resultado de un intenso choque entre el Gobierno y los principales gremios productivos del país, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que implicaría la implementación acelerada de esta normativa.
Un proceso en pausa tras la presión empresarial
Desde fines de octubre, gremios como la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y SalmonChile elevaron sus críticas, argumentando que la determinación de los sitios prioritarios se había hecho de manera apresurada y sin suficiente sustento técnico. “Valoramos esta decisión que da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, afirmó Jorge Riesco, presidente de Sonami.
El Ministerio del Medio Ambiente, liderado por Maisa Rojas, respondió con un comunicado oficial en que explicó que la pausa busca robustecer la política pública, atendiendo más de 2.000 observaciones recibidas durante la consulta ciudadana y los diálogos con la sociedad civil y gremios productivos. “El Ministerio se encuentra trabajando decididamente para despejar dudas y atender las observaciones, con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”, señalaron.
Perspectivas encontradas: conservación versus desarrollo
El freno en la definición de sitios prioritarios ha abierto un debate en el que se confrontan visiones de largo plazo sobre la protección ambiental con las urgencias económicas y sociales de sectores productivos estratégicos.
Desde el mundo empresarial, el temor se centra en que la protección de estos territorios pueda restringir actividades mineras, agrícolas, forestales y acuícolas, afectando inversiones y empleos. Por su parte, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas advierten que postergar la definición puede generar una ventana de incertidumbre que debilite la conservación y la gestión efectiva del patrimonio natural.
La complejidad del desafío se refleja en la necesidad de articular múltiples intereses: el respeto a derechos indígenas, la urgencia de preservar ecosistemas únicos y la voluntad de mantener un desarrollo económico sostenible y equitativo.
El contexto político y la agenda ambiental futura
Este episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad política, con un Gobierno que ha mostrado señales de buscar un equilibrio entre agendas ambientalistas y demandas productivas. La decisión de postergar la definición de sitios prioritarios probablemente traslade esta responsabilidad al próximo Gobierno, generando incertidumbre sobre la continuidad y el rumbo que tomará la ley SBAP.
Además, el caso pone en evidencia la influencia que los gremios empresariales ejercen en la formulación de políticas públicas, especialmente cuando están en juego sectores económicos clave para la economía nacional.
Conclusiones y desafíos pendientes
En definitiva, la pausa en la definición de sitios prioritarios para la biodiversidad es un claro reflejo de las tensiones entre conservación y desarrollo en Chile. La decisión evidencia que la implementación de políticas ambientales no puede desvincularse del diálogo con actores económicos y sociales, pero tampoco puede postergar indefinidamente la protección de ecosistemas críticos.
Para avanzar, será imprescindible diseñar mecanismos de gobernanza que integren las distintas perspectivas, fortalezcan la evidencia técnica y garanticen la transparencia y participación ciudadana. Solo así se podrá consolidar una política ambiental que proteja la riqueza natural del país sin sacrificar su progreso económico.
Este caso invita a reflexionar sobre la complejidad de las políticas públicas en contextos democráticos y plurales, donde la búsqueda de consensos es un ejercicio constante y desafiante. La biodiversidad chilena, y con ella el futuro ambiental y económico del país, están en juego.