
Una tormenta que destapó viejas heridas en la infraestructura eléctrica de Valparaíso. El 30 de marzo de 2025, un sistema frontal dejó sin suministro eléctrico a 1.540 hogares en la Región de Valparaíso, según reportó la empresa Chilquinta, responsable del servicio. Más allá del apagón, el episodio iluminó una serie de problemáticas estructurales y sociales que han quedado en penumbra durante años.
El sistema frontal que azotó la zona no fue un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia creciente hacia eventos climáticos extremos en la zona central del país. Las lluvias intensas y los vientos provocaron daños en la red eléctrica, generando cortes masivos que afectaron tanto a sectores urbanos como rurales.
La respuesta inicial de Chilquinta fue rápida en términos de movilización de equipos técnicos, pero no hubo una comunicación clara ni un horario definido para la reposición del servicio, lo que generó incertidumbre y malestar entre los afectados.
Desde el gobierno regional, se reconoció la complejidad del fenómeno, pero también se enfatizó en la necesidad de revisar y mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas. “Este evento nos obliga a repensar cómo protegemos a nuestras comunidades frente a la creciente frecuencia de estos fenómenos”, señaló un representante oficial.
En el plano político, las críticas no tardaron en aparecer. Partidos de oposición cuestionaron la gestión de Chilquinta y la falta de inversiones en renovación tecnológica. Algunos sectores sociales destacaron la desigualdad en la afectación, apuntando que las zonas más vulnerables sufrieron con mayor intensidad y por más tiempo la falta de electricidad.
Más allá de la incomodidad, la interrupción eléctrica tuvo consecuencias palpables. Pequeños comercios, centros de salud y hogares con personas en situación de vulnerabilidad quedaron expuestos a riesgos mayores. La falta de electricidad también afectó la conectividad y el acceso a información vital.
Este episodio no es un caso aislado. Chile, con una matriz energética en transición, enfrenta desafíos crecientes para garantizar un suministro seguro y estable frente al cambio climático. Además, la crisis en Valparaíso pone en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre la gestión pública y privada de servicios básicos.
El apagón de marzo de 2025, lejos de ser solo un evento puntual, es un espejo de la tensión entre la modernización, la justicia social y la adaptación climática. Como concluyen expertos consultados, “la solución pasa por integrar políticas públicas robustas, inversiones sostenidas y una participación activa de las comunidades afectadas”.
- La infraestructura eléctrica actual no está preparada para la frecuencia y magnitud de eventos climáticos extremos.
- La gestión de crisis requiere transparencia y comunicación efectiva para mitigar la incertidumbre ciudadana.
- Es indispensable incorporar una mirada social que priorice a los sectores más vulnerables en la planificación y respuesta.
Este apagón en Valparaíso, entonces, no solo dejó oscuridad en los hogares, sino también una oportunidad para iluminar las deficiencias y caminos pendientes en la gestión energética y social del país.
Fuentes: Cooperativa.cl, declaraciones oficiales regionales, análisis de expertos en infraestructura y cambio climático.
2025-11-13