Italia restringe la ciudadanía: un giro que divide a descendientes latinoamericanos

Italia ha cambiado las reglas para obtener su ciudadanía, y el efecto ha sido un terremoto en las comunidades de descendientes italianos en América Latina. Desde el 27 de marzo de 2025, solo quienes tienen un padre, madre, abuelo o abuela nacidos en Italia pueden solicitar la nacionalidad italiana. Esto marca un quiebre respecto a la legislación anterior, que permitía demostrar un vínculo con un antepasado italiano nacido luego de 1861, sin límite generacional.

Para entender la dimensión de este cambio, basta mirar los números: solo en 2024, 30.000 argentinos y 20.000 brasileños obtuvieron la ciudadanía italiana. Estas cifras reflejan la profunda relación histórica entre Italia y países como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, donde decenas de millones de descendientes mantienen viva la conexión con su país de origen.

El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, defiende la reforma como una medida para proteger la seriedad del vínculo ciudadano y evitar abusos y fraudes en los procesos. Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que "la ciudadanía debe ser algo serio" y explicó que quienes no mantengan vínculos reales con Italia, como votar, renovar documentos o pagar impuestos, perderán el derecho a la nacionalidad. Además, los trámites de ciudadanía dejarán de realizarse en consulados para centralizarse en una oficina especializada en Roma, buscando agilizar y ordenar los procesos.

Pero la medida no ha sido recibida sin críticas.

Desde América Latina, voces disidentes advierten sobre un efecto excluyente y una ruptura con la identidad cultural que trasciende la mera legalidad. María Elena Rossi, académica argentina y descendiente de italianos, señala que "limitar la ciudadanía a la segunda generación desconoce la realidad de familias que han mantenido la cultura y el vínculo más allá de ese límite, y que ahora se ven marginadas". En Brasil, asociaciones de descendientes italianos han expresado preocupación por la pérdida de derechos y el impacto en la movilidad y oportunidades laborales.

En el plano político, la reforma refleja una tendencia europea hacia un control más estricto de las nacionalidades, en un contexto global de migraciones y debates sobre identidad nacional. Italia no está sola en esta línea, pero su decisión tiene un peso particular por la magnitud de su diáspora.

El debate se despliega también en el terreno social, donde la ciudadanía se entrelaza con la memoria, la pertenencia y la justicia histórica. Algunos sectores ven la reforma como un acto de soberanía legítima, mientras otros la interpretan como un cierre que desconoce las complejidades de las identidades transnacionales.

Tras meses de implementación, se constatan algunas verdades ineludibles:

- La restricción ha reducido significativamente las nuevas solicitudes de ciudadanía desde América Latina.
- Miles de descendientes que esperaban iniciar trámites quedaron fuera o enfrentan ahora mayores barreras.
- La centralización en Roma ha generado demoras y críticas sobre la eficiencia prometida.

En definitiva, el cambio italiano expone la tensión entre la lógica administrativa y las realidades culturales de la diáspora. En este escenario, la ciudadanía deja de ser solo un estatus legal para convertirse en un campo de batalla simbólico, donde se confrontan la historia, la identidad y el derecho a pertenecer. La tragedia de algunos es la incertidumbre de muchos, y la discusión apenas comienza.