Trump y el asalto a los pilares democráticos de EE.UU.: una fractura que trasciende fronteras

Un coliseo en llamas. Así puede describirse la escena política y social que se ha desplegado en Estados Unidos desde marzo de 2025, cuando el segundo gobierno de Donald Trump comenzó a desmantelar, con decisiones y acciones que han generado alarma mundial, tres pilares fundamentales de la democracia estadounidense: el sistema judicial, la prensa libre y las universidades.

El 25 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva contra el estudio de abogados Jenner & Block, una medida inédita que bloquea contratos gubernamentales y elimina habilitaciones de seguridad a firmas que defienden a opositores de su administración. Este acto marcó un punto de inflexión, evidenciando un patrón de presión y amedrentamiento hacia actores que ejercen contrapeso al poder ejecutivo.

En paralelo, la administración restringió el acceso a medios de comunicación consolidados, expulsando a la Associated Press del Pentágono y controlando la cobertura de prensa en la Casa Blanca. Este ataque directo a la libertad de prensa ha sido denunciado por organizaciones internacionales como un retroceso significativo en la transparencia y el derecho a la información.

El tercer frente de esta ofensiva ha sido la academia, donde la administración canceló contratos federales por US$400 millones con la Universidad de Columbia, exigiendo revisiones en sus políticas contra el acoso antisemita y en sus programas de estudios regionales. El personal académico ha denunciado esta acción como una coacción para regular el discurso y limitar la libertad de expresión en los campus.

Perspectivas encontradas

Desde el ala política republicana leal a Trump, estas medidas son vistas como necesarias para "restaurar el orden y la seguridad nacional", especialmente en temas de inmigración, seguridad y "corrección ideológica" en instituciones públicas. El vicepresidente J.D. Vance y Elon Musk han respaldado públicamente estas acciones, argumentando que el país debe defenderse de "amenazas internas".

En contraste, sectores demócratas, organizaciones civiles y académicos califican estas medidas como un intento de instaurar un régimen autoritario, erosionando los contrapesos democráticos y debilitando la separación de poderes. La profesora de derecho constitucional Martha Delgado afirma que "estas acciones ponen en riesgo la esencia misma de la democracia estadounidense y envían una señal alarmante a gobiernos y sociedades en todo el mundo".

Ciudadanos comunes y activistas han protagonizado manifestaciones tanto a favor como en contra, evidenciando una sociedad profundamente dividida y polarizada, donde el miedo y la esperanza se enfrentan en un escenario de incertidumbre.

Consecuencias y verdades emergentes

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha declarado que el presidente goza de inmunidad casi total en sus acciones ejecutivas, limitando la capacidad de control judicial. Esto ha dejado a las instituciones tradicionales en un estado de vulnerabilidad sin precedentes, abriendo la puerta a una concentración de poder sin contrapesos efectivos.

El impacto en la prensa y la academia revela un intento explícito de silenciar voces críticas y limitar la diversidad de pensamiento, elementos esenciales para la salud democrática.

Este episodio no solo afecta a Estados Unidos. Desde América Latina hasta Europa, la comunidad internacional observa con inquietud cómo un modelo democrático consolidado enfrenta amenazas internas que podrían redefinir las reglas del juego político global.

En definitiva, lo que está en juego es mucho más que una disputa política: es un desafío a la resiliencia de las instituciones democráticas y la capacidad de la sociedad para defenderlas frente a la tentación autoritaria.

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Fuentes consultadas: BBC News Mundo, análisis académico de la Universidad de Portsmouth, declaraciones oficiales del gobierno de EE.UU., testimonios de académicos y organizaciones civiles.