El Ministerio de Seguridad Pública: ¿Un cambio estructural o un nuevo capítulo de improvisación?
Un ministerio nacido en la tormenta política y social. El 1 de abril de 2025 entró en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública, una nueva cartera que busca centralizar y fortalecer las políticas de seguridad en Chile. Su creación respondió a años de demandas ciudadanas por mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia, pero también a la presión política por mostrar respuestas concretas ante un aumento percibido de la violencia y el crimen organizado.
El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, presentado oficialmente el 1 de noviembre de 2025, fue la primera gran hoja de ruta de esta cartera. Sin embargo, desde su anuncio hasta hoy, la iniciativa ha estado marcada por la incertidumbre sobre su implementación, especialmente ante el cambio de gobierno programado para marzo de 2026.
La voz de la oposición: cautela y escepticismo
Desde la derecha, el diputado Jorge Alessandri (UDI) fue uno de los primeros en advertir sobre los riesgos de una implementación apresurada. "La ley que habilita al ministro Cordero hace un 30% del trabajo. El otro 70% dependerá de los equipos y de la capacidad de liderazgo para coordinar a las policías", señaló en marzo, meses antes de la puesta en marcha.
Esta crítica se centró en la percepción de que la creación del ministerio se hizo de manera acelerada, sin un diseño institucional robusto ni un equipo consolidado que garantizara resultados efectivos. Alessandri y otros sectores conservadores también cuestionaron la capacidad del gobierno para mantener la continuidad del plan ante la transición política.
Desde el oficialismo: una apuesta por la coordinación y la prevención
Por otro lado, el gobierno defendió la creación del ministerio como un avance institucional necesario. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, enfatizó que "esta cartera no solo coordina a las policías, sino que también invierte en prevención y recuperación de barrios".
El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que el ministerio permitirá una coordinación más efectiva entre las policías y las agencias de inteligencia, como la ANI, y la creación del Sistema de Protección Ciudadana, un servicio que busca ser un 911 integral.
La experiencia en terreno: luces y sombras
Pasados ocho meses desde la implementación, los análisis muestran una realidad compleja. Por un lado, se ha logrado una mayor integración operativa entre Carabineros y la PDI, con acciones conjuntas en casos de crimen organizado que antes eran fragmentadas.
Sin embargo, persisten críticas de expertos y organizaciones sociales sobre la falta de un enfoque más profundo en la prevención social y en la justicia restaurativa. Algunos sectores señalan que la inversión en prevención es aún insuficiente y que la institucionalidad sigue siendo débil en regiones, donde la inseguridad se percibe con mayor crudeza.
Además, la llegada de un nuevo gobierno en marzo de 2026 plantea interrogantes sobre la continuidad del plan. Históricamente, las administraciones en Chile suelen reformular las políticas de seguridad, lo que podría traducirse en ajustes o incluso replanteamientos del ministerio y su estrategia.
Verdades que emergen y consecuencias visibles
La creación del Ministerio de Seguridad Pública representa un cambio estructural en la forma en que Chile aborda la seguridad ciudadana. Sin embargo, la experiencia muestra que la institucionalización de políticas públicas en materia de seguridad es un proceso largo y complejo, que no se resuelve con la creación de una cartera ni con planes a largo plazo sin una implementación rigurosa y sostenida.
La tensión entre expectativas ciudadanas, presiones políticas y limitaciones institucionales ha dejado al descubierto que la seguridad es un desafío que trasciende gobiernos y requiere consenso, recursos y tiempo.
Finalmente, la historia reciente del ministerio invita a una reflexión crítica: ¿puede un cambio institucional, por sí solo, transformar la seguridad en Chile? O, por el contrario, ¿se trata de un nuevo episodio en la eterna lucha entre improvisación y necesidad de reformas profundas?
La respuesta, por ahora, está en manos de quienes deberán liderar la seguridad pública en los próximos años, con el desafío de aprender de los errores y potenciar los aciertos de este primer capítulo.