
El 29 de marzo de 2025, un hombre de 49 años murió tras ser apuñalado en la comuna de Ñuñoa, un episodio que, lejos de ser un hecho aislado, desnuda tensiones sociales y desafíos de seguridad pública en Santiago.
La agresión ocurrió alrededor de la 01:30 horas en la intersección de Tres Antonio con Avenida Grecia, cuando la víctima intervino en una discusión entre dos personas, una de ellas en situación de calle. Según la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, la víctima recibió una herida cervical con un arma cortante que resultó fatal. El agresor, un hombre de 25 años sin antecedentes policiales, fue detenido horas después y puesto a disposición del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Desde el ámbito político, las reacciones fueron inmediatas y divididas. Por un lado, sectores conservadores destacan este caso como síntoma del aumento de la delincuencia y la necesidad de fortalecer el orden público y la presencia policial en barrios residenciales. "La seguridad ciudadana no puede ser un tema menor; hechos como este exigen respuestas firmes del Estado," señaló un parlamentario de derecha.
En contraste, voces de la izquierda y organizaciones sociales advierten que el incidente refleja una problemática más profunda: la marginación y exclusión de personas en situación de calle, y la falta de políticas públicas integrales que atiendan la pobreza urbana. "Este crimen pone en evidencia el fracaso de nuestra sociedad para integrar y proteger a los más vulnerables," afirmó una activista de derechos humanos.
La comuna de Ñuñoa, tradicionalmente considerada una zona tranquila y de clase media alta, se vio sacudida por el suceso. Vecinos expresaron temor y preocupación por la seguridad en el barrio, pero también un debate sobre la convivencia y la responsabilidad colectiva. Algunos llaman a la estigmatización de las personas en situación de calle, mientras otros piden mayor solidaridad y diálogo.
El Ministerio Público instruyó diligencias para esclarecer los hechos, mientras la policía civil aseguró que el detenido no tenía antecedentes y que la detención contó con evidencia física que vincula al imputado con el crimen. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que el sistema judicial enfrenta desafíos para abordar casos que involucran factores sociales complejos, donde la prevención y la rehabilitación deben ser parte de la estrategia.
Tras nueve meses de análisis y seguimiento, este caso se convierte en una ventana para comprender la intersección entre violencia, exclusión social y políticas públicas en Santiago. No es solo el acto violento lo que impacta, sino las condiciones que lo posibilitaron y las respuestas que se han dado o se han omitido.
Este homicidio en Ñuñoa no solo es un crimen, sino un espejo de las tensiones urbanas en Chile: la coexistencia conflictiva entre seguridad, justicia y derechos sociales. La discusión pública que generó sigue abierta, con una ciudadanía que observa y exige respuestas que vayan más allá de la inmediatez y la superficialidad.
Fuentes consultadas incluyen reportes de la PDI, declaraciones del Ministerio Público, análisis de expertos en seguridad y derechos humanos, y testimonios de vecinos y activistas sociales.