Corte de Valparaíso confirma rechazo a demanda de Giorgio Jackson contra diputados UDI: El debate entre libertad de expresión y honra política
El escenario estaba listo para un choque frontal entre política y justicia, donde la honra y la libertad de expresión se enfrentaban en la arena pública. En septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda de indemnización por perjuicios que el exministro y exdiputado Giorgio Jackson interpuso contra 23 diputados de la UDI, quienes en 2023 lo vincularon públicamente con el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social y lo acusaron de orquestar un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas.
La demanda, presentada en abril de 2024, buscaba resarcir un daño moral y a la honra que Jackson consideraba irreparable. Sin embargo, el tribunal, bajo la magistratura de la ministra Leonor Cohen, concluyó que dichas expresiones se enmarcaban en el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión y opinión política, y que no se había probado daño emergente ni lucro cesante que justificaran una indemnización. "No ha resultado probada la falsedad de las expresiones ni tampoco su veracidad, de modo que sólo cabe considerarlas como simples opiniones", explicó el fallo.
Este fallo no pasó inadvertido en la esfera política y social, exponiendo las tensiones que atraviesan el debate público chileno. Por un lado, la bancada gremialista y sus defensores celebraron la sentencia como un reconocimiento a la libertad de expresión y a la crítica política en un contexto democrático, sosteniendo que las acusaciones, aunque duras, respondían a la exigencia de responsabilidad política y no a un ataque personal con ánimo injuriante.
En cambio, Jackson y sus abogados manifestaron sorpresa y rechazo a la resolución, anunciando una apelación. El abogado Miguel Schürmann señaló que "el gran error del fallo es confundir la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos específicos para afectar la honra de una persona". La defensa insistió en que la carta firmada por los diputados no solo contenía opiniones, sino afirmaciones que carecían de sustento y que dañaron la imagen pública del exministro.
La controversia refleja una disonancia cognitiva profunda sobre los límites del discurso político en Chile. Mientras algunos sectores enfatizan la necesidad de proteger la honra individual frente a acusaciones sin pruebas, otros abogan por un espacio público amplio donde las críticas, incluso ásperas, sean parte del juego democrático.
Cabe recordar que esta disputa se origina en un momento particularmente convulsionado de la política chilena, marcado por acusaciones cruzadas, investigaciones judiciales y una polarización creciente entre fuerzas políticas. La carta de los 23 diputados UDI, que exigió la renuncia de Jackson en 2023, fue un acto político de alto impacto que encendió la polémica y que ahora encuentra un nuevo capítulo en la justicia.
Desde una perspectiva más amplia, este caso invita a reflexionar sobre la tensión entre la protección de la reputación personal y el derecho a la crítica pública en un sistema democrático. La justicia chilena se enfrenta al desafío de equilibrar estos derechos fundamentales en un contexto donde la política se torna cada vez más conflictiva y mediática.
Por último, es relevante destacar que, a pesar del rechazo judicial, Giorgio Jackson ha mantenido su actividad política y social, mientras que los diputados gremialistas continúan defendiendo su postura como parte de la legítima fiscalización política.
Verdades constatadas:
- La justicia no encontró pruebas suficientes para considerar injurias o daño moral indemnizable en las expresiones de los diputados.
- El contexto político y la libertad de expresión fueron factores determinantes en la decisión judicial.
- La disputa legal continuará en la Corte de Apelaciones, dejando abierta la discusión sobre los límites del debate político en Chile.
Este episodio, lejos de ser un cierre, es un espejo de las complejidades y desafíos que enfrenta la democracia chilena en la era de la hiperpolitización y la judicialización del discurso público.