BID busca duplicar inversores en América Latina: ¿Una apuesta real o un espejismo para el desarrollo regional?
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha puesto sobre la mesa una ambiciosa meta: duplicar el número de inversores privados en América Latina y el Caribe. En marzo de 2025, BID Invest, su brazo financiero, anunció que busca aumentar de 260 a 500 inversionistas activos en la región. Esta estrategia se enmarca en la urgencia de movilizar recursos para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales que persisten en un continente marcado por desigualdades estructurales y fragilidades institucionales.
El contexto y la urgencia financiera
El BID estima que América Latina requiere invertir US$2,2 billones en infraestructura en los próximos cinco años para alcanzar metas de desarrollo sostenible. Esta cifra es parte de un déficit global en mercados emergentes que bordea los US$4,2 billones, una brecha que no solo refleja necesidades materiales, sino también la complejidad de atraer capital privado en entornos percibidos como riesgosos.
James Scriven, gerente general de BID Invest, reveló que ya han identificado 500 posibles inversionistas dispuestos a apostar por la región, pero que aún deben transformar ese interés en compromisos efectivos. 'No pararemos hasta que esos 263 se conviertan en 500', afirmó durante el foro empresarial en Santiago, donde se celebraron las asambleas anuales del BID.
Voces en pugna: optimismo y escepticismo
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, defendió la necesidad de un sector privado robusto: 'El papel del sector privado en el desarrollo no es solo una estrategia económica ni táctica, sino un interés común que une a la región, impulsando la creación de empleo.' Para él, fortalecer industrias y mejorar competitividad son claves para beneficiar a empresas, trabajadores y comunidades.
Sin embargo, expertos y actores sociales plantean que la apuesta del BID no puede soslayar las condiciones estructurales que limitan la inversión privada: burocracia, inseguridad jurídica, desigualdad y falta de infraestructura adecuada. El ministro chileno Nicolás Grau reconoció que 'el tema de permisos es una debilidad competitiva en nuestro país', y que el foco debe estar en facilitar inversiones que además respondan a desafíos ambientales.
Desde la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y grupos de defensa de derechos humanos advierten que una mayor presencia del sector privado debe ir acompañada de garantías claras en transparencia, responsabilidad social y respeto por los derechos de las comunidades, especialmente en territorios indígenas y rurales.
El pulso entre público y privado
El BID financia alrededor de US$4.500 millones anuales en adquisiciones para proyectos en salud, agua, energía y transporte, generando más de 12.000 contratos. Este volumen convierte a las empresas regionales en competidoras clave para captar estos recursos. No obstante, el equilibrio entre regulación y flexibilidad sigue siendo un dilema. Goldfajn apuntó a la necesidad de 'un sector público eficiente que combine regulaciones necesarias con políticas que permitan el desarrollo privado.'
En el escenario internacional, la alianza con Europa también marca un compromiso común. El comisario Jozef Síkela destacó que ambos continentes están unidos por valores democráticos y por la ambición de liderar iniciativas de sostenibilidad, enfrentando juntos desafíos globales como el cambio climático.
Constataciones y consecuencias
La meta del BID de duplicar inversores en América Latina es, sin duda, un desafío titánico que refleja tanto la urgencia del desarrollo sostenible como las complejidades de la región. El capital existe a nivel global, pero su llegada depende de condiciones políticas, sociales y económicas estables y confiables.
Este escenario abre un coliseo donde se enfrentan la esperanza de crecimiento y la realidad de barreras estructurales. La apuesta por el sector privado como motor de desarrollo no está exenta de riesgos y tensiones, y su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para crear marcos que no solo atraigan inversiones, sino que también aseguren justicia social y ambiental.
Finalmente, la historia reciente muestra que el desarrollo sostenible en América Latina no puede ser un simple juego de números financieros. Requiere un diálogo profundo entre todos los actores involucrados, donde las voces ciudadanas y las demandas sociales encuentren un espacio legítimo en la mesa de decisiones. La verdadera prueba para el BID y sus socios será si esta ambición se traduce en un impacto real y equitativo para la región.