Cierre de playas en Gran Canaria por muerte masiva de peces: un conflicto entre responsabilidades y teorías científicas

El sol radiante de Gran Canaria contrasta con la sombra que cubre sus playas cerradas. Más de una docena de ellas, en municipios como Telde, Mogán y Santa Lucía de Tirajana, permanecen clausuradas desde mediados de octubre tras una mortalidad masiva de peces que ha sacudido tanto a la industria local como a la comunidad. Desde el 3 de octubre, miles de lubinas criadas en la piscifactoría Aquanaria comenzaron a morir en circunstancias anómalas, con pérdidas económicas estimadas en 15 millones de euros. La empresa, de origen cántabro y con más de tres décadas en Canarias, denunció un vertido de apariencia química cerca del emisario municipal submarino n.º 222, pero el Ayuntamiento de Telde ha negado categóricamente estas acusaciones, presentando análisis que descartan contaminación química o metales pesados fuera de rango.

En el centro del debate están las causas reales del desastre. Aquanaria sostiene que un vertido ilegal de gas sulfhídrico (H₂S) fue el detonante, teoría apoyada en parte por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien admitió que "del origen y quién lo produjo aún no se sabe nada". Por su parte, el Ayuntamiento y algunos expertos plantean que las altas temperaturas recientes, junto a la acumulación de materia orgánica y desechos, podrían haber generado una intoxicación natural por H₂S, sin intervención externa.

"No puede ser que algo que se origina en otro municipio nos afecte a nosotros, que somos un destino turístico", expresó Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, reflejando la tensión entre territorios afectados y la búsqueda de responsabilidades. Mientras tanto, asociaciones vecinales y colectivos ecologistas han convocado una marcha ciudadana bajo el lema "Jaulas Marinas, ¡No!", evidenciando el malestar social por la gestión y el impacto ambiental.

La mortalidad no solo afectó a la piscicultura privada: el Instituto Universitario Ecoaqua reportó lesiones graves en un 5% de su biomasa de peces, vinculadas a problemas respiratorios derivados del mismo fenómeno. Esto amplía la preocupación sobre la salud ambiental y la sostenibilidad del sector acuícola en la isla.

Las voces en este coliseo ambiental no se alinean. Desde la empresa que apunta a un daño externo y punible, pasando por autoridades municipales que defienden la inocencia de sus aguas, hasta científicos que advierten sobre las consecuencias del cambio climático local y la acumulación de residuos orgánicos. Esta disonancia refleja una realidad compleja donde la verdad se fragmenta entre intereses económicos, políticos y ambientales.

Las consecuencias son palpables y duraderas. El cierre de playas afecta a miles de residentes y turistas, con impactos económicos directos en el turismo y la pesca artesanal. Además, la incertidumbre sobre la causa y la falta de una respuesta unificada ralentizan la recuperación y siembran desconfianza en la gestión pública y privada.

Al cierre de noviembre, la piscifactoría Aquanaria anunció que desmantelará sus jaulas frente a la playa de Melenara antes de 2029, pero el daño ya está hecho y la comunidad exige respuestas claras y medidas efectivas. "Huele raro, pero me da igual, llevo toda la semana viniendo. Espero no arrepentirme", comenta Fernando García, bañista desafiante que simboliza la tensión entre la necesidad de normalidad y el temor ambiental.

En definitiva, el episodio en Gran Canaria es un espejo de las tensiones contemporáneas entre desarrollo económico, protección ambiental y gobernanza local. La tragedia de miles de peces muertos expone la fragilidad de los ecosistemas marinos insulares y la urgencia de articular diagnósticos científicos rigurosos con políticas públicas transparentes y participativas. Solo así se podrá evitar que este coliseo de acusaciones y silencios se repita en otras costas y comunidades.

---

Fuentes consultadas: EL PAÍS, Instituto Universitario Ecoaqua, declaraciones del Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde.