Chile endurece las reglas electorales: multas por no sufragar y más exigencias al voto extranjero
Chile ha decidido endurecer las reglas electorales a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2025. El 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una ley que establece multas de entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a entre 34.000 y 102.000 pesos, para los ciudadanos chilenos que no acudan a votar. Esta sanción, que busca aumentar la participación electoral, entrará en vigor para estos comicios y tendrá excepciones para personas con enfermedad, discapacidad, quienes se encuentren fuera del país o a más de 200 kilómetros de su local de votación.
Paralelamente, se aprobó una reforma constitucional que endurece los requisitos para que los extranjeros puedan votar en Chile, elevando el tiempo mínimo de residencia ininterrumpida de cinco a diez años. Esta norma comenzará a regir en 2026, ya que el padrón electoral 2025 está cerrado. Según datos del Servicio Electoral (Servel), el 5,6% del padrón corresponde a extranjeros habilitados para votar, siendo venezolanos, peruanos y colombianos las nacionalidades más representadas.
Un debate con múltiples voces
El endurecimiento de las reglas electorales ha generado un debate intenso, aunque finalmente logró un respaldo transversal en el Congreso. Por un lado, el Gobierno, a través del ministro del Interior Álvaro Elizalde, defendió la obligatoriedad del voto para ciudadanos chilenos, en línea con el mandato constitucional, y la necesidad de revisar los requisitos para el voto extranjero. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que estas medidas cumplen compromisos adquiridos por el Ejecutivo y aportan claridad a las reglas del juego electoral.
En contraste, sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de las multas, advirtiendo que podrían afectar desproporcionadamente a grupos vulnerables y que la obligatoriedad no garantiza una participación informada ni voluntaria. Además, voces ciudadanas y académicas han cuestionado si el aumento de la residencia para el voto extranjero podría limitar la inclusión democrática en un país con una población migrante creciente y diversa.
Contexto y consecuencias visibles
La medida llega en un momento en que el voto extranjero ha ganado relevancia política debido al aumento sostenido de migrantes habilitados para votar. En 2025, por primera vez, los venezolanos superaron en número a los peruanos en el padrón electoral. Esto ha llevado a que partidos políticos y candidatos consideren a este grupo como un actor electoral significativo.
Por otra parte, la sanción económica para el voto obligatorio busca revertir la caída en la participación electoral que se ha observado en las últimas décadas, aunque expertos advierten que la obligatoriedad puede generar tensiones sociales y no necesariamente mejorar la calidad del voto.
Finalmente, la reforma refleja un intento del Estado por equilibrar la ampliación de derechos políticos con la percepción de que deben existir condiciones claras y exigentes para ejercerlos, especialmente en un contexto de migración creciente y debates sobre identidad y pertenencia.
Constataciones y reflexiones
"Siempre hemos sido partidarios de consagrar legalmente la obligación de votar, pero también de resolver los requisitos para los extranjeros", afirmó Álvaro Elizalde, sintetizando la postura oficial. Por su parte, el amplio consenso parlamentario muestra que, pese a las diferencias, existe un acuerdo en la necesidad de reglas claras y previsibles para el sistema electoral.
No obstante, la tensión entre inclusión y exigencia, entre participación y sanción, seguirá siendo motivo de análisis y debate en el Chile que se prepara para votar este 16 de noviembre. Lo que está claro es que el Estado ha decidido poner límites más estrictos a la participación electoral, buscando ordenar un terreno que se ha vuelto cada vez más complejo y disputado.
Esta historia, lejos de cerrarse con la promulgación de la ley, abre un nuevo capítulo para el análisis de la democracia chilena y su relación con la ciudadanía, la migración y la justicia social.
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Fuentes: Servicio Electoral (Servel), Cámara de Diputados de Chile, declaraciones ministeriales, El País Chile (29.09.2025).