Guardias municipales en prisión preventiva tras brutal golpiza a hombre en situación de calle: ¿justicia o exceso de autoridad?
Un video que estremeció a Viña del Mar y encendió la discusión nacional sobre los límites del uso de la fuerza por parte de agentes municipales, se viralizó el 27 de marzo de este año. En él, tres guardias municipales fueron captados propinando una golpiza brutal a un hombre en situación de calle, utilizando una luma de defensa personal y un palo de madera. Los golpes, dirigidos a extremidades y cabeza, dejaron a la víctima internada en el Hospital Gustavo Fricke, fuera de riesgo vital.
La municipalidad reaccionó separando de sus funciones a los implicados y denunciando los hechos ante el Ministerio Público. La Fiscalía inicialmente buscó formalizar por homicidio frustrado y tortura, pero finalmente la acusación se centró solo en tortura. El Tribunal de Garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para los tres guardias, calificándolos como "un peligro para la seguridad de la sociedad".
El juez Francisco Cabezas señaló que "los agentes municipales golpean con especial saña y con especial insidia a una persona en situación de calle, que no está en capacidad de defenderse" y que el ataque se realizó "con armas de servicio proporcionadas por la municipalidad, extralimitándose de sus funciones".
Este caso ha abierto un amplio debate con posturas encontradas. Por un lado, sectores conservadores y algunos vecinos defienden la actuación de los guardias como una respuesta necesaria para mantener el orden y la seguridad en espacios públicos afectados por la delincuencia y la presencia de personas en situación de calle. Argumentan que la violencia, aunque lamentable, es una consecuencia del abandono estatal y la falta de políticas efectivas para abordar la problemática social.
En contraparte, organizaciones de derechos humanos, expertos en justicia social y parte de la opinión pública denuncian un abuso flagrante de autoridad y una violación grave a los derechos fundamentales. Desde Amnistía Internacional Chile, se ha declarado que "el uso desmedido de la fuerza contra personas vulnerables perpetúa la exclusión y la criminalización de la pobreza".
Además, académicos en criminología y sociología advierten que estos episodios reflejan un problema estructural: la falta de capacitación adecuada de los agentes municipales, la ausencia de protocolos claros y la carencia de políticas públicas integrales que aborden la situación de calle con enfoque en derechos y rehabilitación.
A ocho meses del incidente, el proceso judicial sigue su curso, mientras la municipalidad de Viña del Mar enfrenta presiones para reformar sus cuerpos de seguridad y mejorar la supervisión. Paralelamente, la sociedad chilena se encuentra en una encrucijada sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana con el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Este caso, lejos de ser un hecho aislado, pone en evidencia la tensión permanente entre orden público y justicia social, en un país donde la desigualdad y la marginalidad siguen siendo desafíos pendientes. La prisión preventiva de los guardias marca un precedente judicial, pero también invita a una reflexión profunda sobre las causas y consecuencias de la violencia institucional.
La investigación tiene un plazo de 80 días para esclarecer completamente los hechos y responsabilidades. Mientras tanto, la discusión pública continúa, exponiendo las fracturas sociales y políticas que este episodio desnuda.
Conclusión:
La brutal golpiza en Viña del Mar y la reacción judicial posterior evidencian un choque entre la demanda de seguridad y la protección de derechos humanos. No hay consenso, pero sí una verdad irrefutable: la violencia institucional contra personas vulnerables no puede normalizarse ni justificarse. Este caso obliga a repensar las políticas de seguridad municipal, la formación de sus agentes y la necesidad urgente de abordar la situación de calle desde una perspectiva integral y humanitaria, para evitar que tragedias como esta se repitan.