Chile entrega información a La Haya: Venezuela denuncia maniobra política y acusa agenda estadounidense
En un episodio que ha escalado más allá de la diplomacia tradicional, el Gobierno chileno entregó en marzo de 2025 información a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. Esta acción, que buscaba aportar antecedentes para la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desató una fuerte reacción del régimen de Nicolás Maduro.
Desde Caracas, la administración chavista calificó la entrega como una "ridícula maniobra" y una "absurda farsa", acusando a Chile de actuar bajo la influencia de Estados Unidos y de usar el caso como una estrategia para erosionar la soberanía venezolana y desviar la atención de sus propios problemas internos. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano instó a Chile a enfocarse en sus "graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social".
Por su parte, desde Santiago, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, defendieron la entrega de antecedentes como un aporte "más que contundente" para la investigación de la CPI, enfatizando que la acción responde a un compromiso con la justicia internacional y los derechos humanos.
Este choque diplomático revela una compleja trama donde convergen la política interna chilena, la crisis venezolana y las tensiones geopolíticas en América Latina. Desde una perspectiva política, sectores de oposición en Chile y expertos en relaciones internacionales han cuestionado la oportunidad y los efectos de esta maniobra, señalando que podría profundizar la fractura en la relación bilateral y complicar la posición de Chile en la región.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y académicos valoran la decisión chilena como un gesto necesario para mantener la presión sobre violaciones sistemáticas en Venezuela, aunque advierten que el impacto real dependerá del avance de la CPI y la cooperación internacional.
Regionalmente, la controversia ha reavivado debates sobre la soberanía, la injerencia extranjera y los límites de la diplomacia en contextos de crisis humanitarias y políticas.
Desde marzo a la fecha, no se ha reportado un avance significativo en la investigación de la CPI relacionado con este caso, pero la disputa diplomática ha mantenido la atención mediática y política en ambos países.
En definitiva, esta historia nos confronta con la dificultad de separar la justicia internacional de las estrategias políticas nacionales y regionales. La entrega de información a La Haya no solo expone la tragedia de un crimen y sus posibles responsables, sino también la lucha por narrativas y legitimidades en un escenario donde la verdad se disputa tanto en tribunales como en la arena política.
Así, el episodio sirve como recordatorio de que la justicia y la política suelen entrelazarse en un juego de poder donde nadie sale indemne, y donde los ciudadanos observan, expectantes, el desarrollo de una tragedia que trasciende fronteras y tiempos.