El crimen de Ronald Ojeda: una trama que desborda fronteras y convicciones
En el convulsionado escenario de la justicia chilena, el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda se ha convertido en un caso que trasciende la tragedia individual para convertirse en un símbolo de las complejas relaciones entre política, crimen organizado y derechos humanos. Secuestrado en febrero de 2024 en su departamento de Independencia, Ojeda fue encontrado muerto diez días después en Maipú, enterrado bajo cemento dentro de una maleta.
Desde entonces, la investigación ha ido desentrañando una madeja que involucra no solo a criminales locales sino también a actores de alto perfil político en Venezuela. El fiscal regional H E9ctor Barros, a cargo del caso, ha señalado con firmeza que existen "antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello", número dos del régimen de Nicolás Maduro, como autor intelectual del crimen. Esta acusación no es menor, pues implica que un Estado extranjero habría ordenado un homicidio dentro de Chile, algo inédito en la historia judicial nacional.
La tesis del Ministerio Público, respaldada públicamente por el ministro de Justicia Jaime Gajardo y el ministro de Seguridad Luis Cordero, sostiene que el crimen fue planificado y encargado desde Venezuela, ejecutado por la organización criminal Tren de Aragua. "No podemos aceptar que en un régimen dictatorial se ordenen crímenes en nuestro país", afirmó Gajardo, reflejando el consenso oficial sobre la gravedad y singularidad del caso.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric, en un discurso en Italia, recordó al exmilitar y denunció que "las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo". Su declaración añadió una dimensión política al caso, señalando que la defensa de los derechos humanos debe ser transversal y sin dobles estándares, y haciendo un llamado al diálogo multilateral.
Sin embargo, no todas las voces coinciden plenamente. Mientras la Fiscalía y el Ejecutivo enfatizan la naturaleza política del crimen, Cordero matiza que, aunque grave, el delito no debe ser reducido a una motivación política, sino que destaca su complejidad y la logística sin precedentes en Chile. Esta diferencia no diluye el peso de la acusación, pero sí subraya las múltiples capas que atraviesan el caso.
En el plano internacional, Chile ha buscado fortalecer la investigación con la colaboración de la Corte Penal Internacional (CPI). En marzo de 2025, el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren entregaron antecedentes a la CPI y propusieron la creación de un equipo conjunto de investigación para compartir información y avanzar en esclarecer los hechos. "Estamos seguros que vamos a poder seguir colaborando en el ámbito de la investigación y eventualmente incluso en el ámbito de protección de testigos", señaló Valencia desde La Haya.
Esta cooperación internacional refleja la complejidad del caso, que no solo involucra a actores criminales y políticos, sino también a instituciones globales de justicia y derechos humanos.
En la arena judicial chilena, la detención y formalización de diversos implicados, incluidos extraditados desde Estados Unidos vinculados a la facción criminal de Tren de Aragua, ha avanzado, aunque la extradición de Cabello es inviable debido a la legislación venezolana que no contempla esta figura.
Esta tragedia, que comenzó con la desaparición y muerte de un hombre, se ha transformado en un coliseo donde se enfrentan gobiernos, organismos internacionales, organizaciones criminales y la justicia, mientras la sociedad chilena observa las implicancias de un crimen que desnuda las tensiones entre soberanía, seguridad y derechos humanos.
Conclusiones visibles:
- El asesinato de Ronald Ojeda no es un caso aislado de criminalidad común, sino un episodio con claras conexiones políticas y geopolíticas.
- La acusación directa a un alto funcionario venezolano pone a prueba la capacidad del sistema judicial chileno y la diplomacia regional.
- La cooperación con la CPI abre una vía para enfrentar crímenes de lesa humanidad que trascienden fronteras.
- La polarización en torno al caso refleja las dificultades para abordar temas donde convergen seguridad, política y derechos humanos.
Este caso, lejos de cerrarse, seguirá siendo un espejo de las complejas realidades que Chile y la región enfrentan en materia de justicia, democracia y relaciones internacionales.