El 28 de marzo de 2025, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) protagonizó un episodio que, con el paso de los meses, se ha convertido en un símbolo de la crisis de diálogo entre el mundo laboral y el Gobierno. Intentaron entregar una carta con 14 demandas laborales al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, pero fueron impedidos de hacerlo por Carabineros. Lo que parecía un trámite protocolar derivó en un choque frontal que anticipó semanas de movilizaciones sociales.
David Acuña, presidente de la CUT, denunció: "Hoy hemos venido a entregar una carta al Presidente de la República, pero lamentablemente hemos sido detenidos por carabineros y no nos han permitido avanzar". La tensión escaló cuando los dirigentes relataron el uso de gas pimienta y la presencia de un zorrillo antidisturbios, lo que marcó un quiebre en la relación entre los trabajadores y el Ejecutivo.
La misiva contenía puntos que, a estas alturas, son parte del debate público nacional: la aplicación efectiva de la jornada laboral de 40 horas en el sector público, la universalización de la sala cuna, el fin de las listas de espera en salud pública y la creación de un ente estatal para administrar los fondos de pensiones. Estas demandas reflejan problemas estructurales que arrastran décadas y que la CUT ha insistido en resolver.
Desde el Gobierno, la respuesta fue una combinación de silencio y distancia. Voces oficiales minimizaron la entrega de la carta y priorizaron un discurso de estabilidad y gradualidad en las reformas. Esta postura generó críticas desde sectores políticos de izquierda y de los propios sindicatos, que vieron en la negativa un signo de desdén hacia las demandas populares.
Por un lado, la izquierda más crítica al Gobierno interpretó el episodio como una muestra de que el Ejecutivo ha perdido contacto con las bases sociales que lo llevaron al poder. Una dirigente sindical afirmó: "No es solo una carta, es la expresión de años de espera y frustración". Por otro lado, sectores más moderados y oficialistas argumentaron que el diálogo debe mantenerse, pero sin caer en la presión y la confrontación directa.
En regiones, la reacción fue diversa. En zonas con alta sindicalización, como la Araucanía y el Biobío, la movilización convocada para el 3 de abril se vivió con expectativa y apoyo. En contraste, en Santiago y otras grandes ciudades, hubo preocupación por el impacto en la economía y la convivencia urbana.
El paro nacional del 3 de abril, que siguió a este desencuentro, fue uno de los más masivos de la última década. Si bien se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica, dejó en evidencia la fractura entre las demandas sociales y la capacidad del Estado para responderlas. Este episodio también marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre la gestión del Gobierno en materia laboral y social.
A más de ocho meses de distancia, se puede concluir que:
- La negativa a recibir la carta simbolizó un déficit de canales efectivos de comunicación entre trabajadores y autoridades.
- Las demandas planteadas por la CUT siguen vigentes y son un termómetro de las desigualdades estructurales en Chile.
- La movilización pacífica fue un acto de presión legítima que evidenció la urgencia de reformas profundas.
- La falta de respuestas concretas profundizó la desconfianza hacia el Ejecutivo, afectando la gobernabilidad.
Este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de diálogo social que no se limiten a la retórica política, sino que permitan abordar con seriedad las demandas históricas del mundo laboral. En un Chile que busca estabilidad y justicia social, el desafío está en construir puentes y no muros entre quienes gobiernan y quienes trabajan.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera, declaraciones oficiales y testimonios sindicales recogidos durante los meses posteriores a los hechos.
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