El caso Ronald Ojeda: Chile y la CPI en la encrucijada de la justicia y la política

En febrero de 2024, la sombra del crimen político se cernió sobre Santiago cuando Ronald Ojeda, exmilitar venezolano y disidente del régimen de Maduro, fue secuestrado y asesinado. Cuatro hombres armados lo sacaron de su lugar de residencia en Santiago, dando inicio a una investigación que hoy, casi dos años después, sigue revelando capas profundas de una trama que mezcla crimen organizado, política y diplomacia internacional.

Desde un inicio, la Fiscalía chilena sostuvo que el secuestro y asesinato no eran hechos aislados ni simples actos delictivos comunes, sino que tenían una motivación política claramente vinculada al gobierno venezolano. El fiscal Ángel Valencia afirmó que “las investigaciones nos han llevado a concluir que las motivaciones tras el asesinato contra Ronald Ojeda no responden a las características típicas de los delitos cometidos por el Tren de Aragua”, la poderosa organización criminal venezolana involucrada en el caso.

Este punto ha sido el epicentro de un debate que enfrenta a distintas voces. Por un lado, sectores del oficialismo chileno y defensores de los derechos humanos han respaldado la tesis del carácter político del crimen, señalando que el caso desnuda la mano represiva del régimen de Maduro más allá de sus fronteras. Por otro, ciertos grupos políticos y sectores diplomáticos han llamado a la cautela, subrayando que la vinculación política podría ser una interpretación apresurada que mezcla la criminalidad común con la lucha política, lo que podría enturbiar el proceso judicial.

En un gesto sin precedentes, el gobierno chileno decidió entregar la investigación completa a la Corte Penal Internacional (CPI), con la intención de que se sume a la pesquisa sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El canciller Alberto van Klaveren enfatizó que esta acción es “una muestra contundente de que Chile va a defender siempre su soberanía y que en esto nos convoca una mirada de Estado”. La entrega de antecedentes se concretó en marzo de 2025 en La Haya, donde el fiscal Valencia y el canciller sostuvieron reuniones con la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.

Este paso, sin embargo, no ha estado exento de críticas. Algunos analistas advierten que la politización del caso puede complicar la cooperación internacional y generar tensiones con Venezuela, país que ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha acusado a Chile de injerencia. Además, la presencia de imputados del Tren de Aragua, con detenciones en Chile, Colombia, Estados Unidos y otros países, añade una dimensión transnacional que complejiza la persecución judicial.

Hasta la fecha, 16 personas han sido identificadas como partícipes en el secuestro y homicidio de Ojeda, con varios detenidos y otros prófugos bajo alerta roja internacional. La extradición de algunos de ellos desde Estados Unidos y Colombia ha sido un proceso delicado, pero necesario para avanzar en la justicia.

La historia de Ronald Ojeda no es solo la de un crimen violento, sino la representación de un choque entre regímenes, de la expansión de la violencia política y criminal más allá de las fronteras, y de la compleja interacción entre justicia nacional e internacional. Chile, al involucrarse con la CPI, se posiciona en un escenario donde la defensa de derechos humanos y la geopolítica se entrelazan de manera inevitable.

En este coliseo judicial y diplomático, las verdades que emergen muestran que:

- El asesinato de Ojeda fue un acto con motivaciones políticas, más allá del accionar típico del crimen organizado.

- La cooperación internacional es fundamental para enfrentar crímenes que trascienden fronteras y regímenes.

- La tensión entre soberanía nacional y justicia global es un desafío constante.

En última instancia, este caso invita a reflexionar sobre los límites del Estado frente a la violencia política transnacional y el papel que Chile está dispuesto a jugar en la defensa de los derechos humanos, en un contexto regional marcado por la polarización y la fragilidad democrática.

Fuentes: Cambio21, Infobae, declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Fiscalía Nacional.