
El 27 de marzo de 2025, en el kilómetro 29 de la Ruta B-24, se produjo un choque que dejó un saldo trágico: tres trabajadores fallecidos y doce heridos. La colisión entre un camión y un minibús que trasladaba a 14 trabajadores y su conductor puso en evidencia no solo la fragilidad de la seguridad vial en la región de Antofagasta, sino también las tensiones latentes en torno a las condiciones laborales y el transporte de personal en las faenas mineras.
Desde la primera hora, equipos de SAMU y Bomberos de María Elena, con apoyo de Calama y Tocopilla, acudieron al lugar para asistir a los lesionados y controlar la emergencia. La investigación quedó en manos de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que ha ido revelando aspectos clave sobre la dinámica del accidente.
“No podemos permitir que la seguridad de quienes sostienen la economía regional sea puesta en riesgo por deficiencias estructurales en el transporte”, declaró una representante sindical local, reflejando el sentir de muchos trabajadores.
Desde el gobierno regional, se ha reconocido la necesidad de fortalecer la fiscalización y mejorar las condiciones de las rutas que conectan las faenas mineras con las localidades. “Estamos trabajando en un plan integral de seguridad vial para la región, que incluye capacitación, mejor señalización y revisión de los protocolos de transporte laboral”, aseguró un funcionario del Ministerio de Transportes.
Sin embargo, esta visión choca con la crítica de expertos en derechos laborales y organizaciones sociales, quienes señalan que detrás de estos accidentes recurrentes hay un modelo económico que prioriza la productividad sobre la vida humana. Para ellos, “la precariedad en el transporte de trabajadores es una manifestación palpable de la desigualdad estructural que afecta a las regiones mineras del norte”.
Familiares y compañeros de las víctimas han expresado su profundo dolor y la urgencia de respuestas claras. Algunos señalan que las condiciones en que se movilizan los trabajadores son inadecuadas, con vehículos sobrecargados y falta de controles efectivos.
“No es la primera vez que pasa algo así, y mientras no cambien las condiciones, seguiremos lamentando pérdidas irreparables”, afirmó un dirigente comunitario de María Elena.
A más de ocho meses del accidente, se constata que la tragedia en la Ruta B-24 no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales en la gestión del transporte laboral y seguridad vial en zonas mineras. Las investigaciones de la SIAT apuntan a factores combinados: condiciones del camino, velocidad, y posible sobrecarga de vehículos.
Las consecuencias políticas y sociales han obligado a las autoridades a replantear sus estrategias, pero también han abierto un debate más profundo sobre la justicia social, la protección de los derechos laborales y la responsabilidad compartida entre empresas, Estado y sociedad civil.
Esta historia, con sus múltiples voces y aristas, invita a una reflexión pausada y crítica sobre cómo se valora la vida en los territorios que impulsan una parte sustancial de la economía chilena. Mientras tanto, la memoria de los tres trabajadores fallecidos permanece como un recordatorio sombrío de las urgencias pendientes.
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Fuentes: Cooperativa.cl (27/03/2025), declaraciones de representantes sindicales y autoridades regionales, informes de SIAT Carabineros.