En una trama que combina violencia, migración y crimen organizado, el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó prisión preventiva para cuatro integrantes de “Los Mapaches”, brazo operativo del Tren de Aragua, el 18 de noviembre de 2025. Estos sujetos, todos de nacionalidad extranjera, fueron formalizados por delitos que incluyen secuestros y un homicidio calificado, con víctimas en distintas comunas de la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins.
El caso que gatilló la formalización fue el secuestro de una mujer en la toma Millantú, Puente Alto, el 5 de marzo. Pero la investigación reveló un patrón más amplio: al menos seis secuestros, una sustracción de menores y un asesinato, todos atribuidos a esta red criminal. Según el fiscal Milibor Bugueño, la organización cuenta con un organigrama definido, que incluye niveles de liderazgo y un brazo operativo encargado de trasladar a las víctimas a un inmueble en Estación Central.
Este episodio no solo desnuda la presencia y operación de grupos criminales transnacionales en Chile, sino que también pone en evidencia desafíos en materia de seguridad y migración. Las voces oficiales destacan la complejidad de desarticular una red que opera con sofisticación y violencia, mientras sectores sociales y expertos en derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades migrantes por la acción de unos pocos.
Desde la perspectiva política, el caso alimenta debates en torno a la política migratoria y la seguridad ciudadana. Autoridades del gobierno han utilizado la detención para justificar medidas más estrictas en control fronterizo y persecución penal de bandas criminales extranjeras. Sin embargo, organizaciones sociales y académicos llaman a diferenciar entre delincuencia organizada y migración, advirtiendo que la criminalización masiva puede profundizar la exclusión y vulnerabilidad.
En el plano regional, la investigación ha evidenciado la expansión del Tren de Aragua desde Venezuela hacia Chile, consolidando un patrón de delitos que trasciende fronteras. La cooperación internacional en inteligencia y justicia aparece como un elemento clave para enfrentar esta amenaza, aunque la coordinación aún enfrenta obstáculos burocráticos y políticos.
“Estamos ante una organización que ha logrado infiltrar sectores vulnerables y utiliza la violencia para controlar territorios y extender su poder”, señala un experto en seguridad consultado por medios nacionales. A la vez, representantes de la comunidad migrante expresan preocupación por la estigmatización y piden garantías para que no se violen derechos fundamentales en la persecución penal.
Las consecuencias de este caso se proyectan más allá de las cárceles. La desarticulación parcial de “Los Mapaches” puede ser un paso hacia la recuperación del control territorial y la seguridad, pero también deja interrogantes sobre la capacidad del Estado para prevenir la llegada y asentamiento de redes criminales transnacionales.
Hasta la fecha, 19 imputados han sido formalizados en Chile por delitos vinculados a esta organización, y las diligencias continúan en curso. En este escenario, la sociedad chilena queda en la tribuna, observando cómo se juega una partida de poder que combina violencia, migración y política, con consecuencias que aún están por definirse.
La historia de “Los Mapaches” del Tren de Aragua es, en definitiva, un espejo que refleja las tensiones contemporáneas de un país en transformación, donde la seguridad y los derechos humanos se enfrentan en un duelo complejo y sin certezas absolutas.