
En un giro que ha reconfigurado el tablero político en Centroamérica y ha tensionado aún más las relaciones interamericanas, el presidente Donald Trump concedió un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y tráfico de armas.
El anuncio se produjo el 28 de noviembre de 2025, justo cuando Estados Unidos intensifica su retórica y maniobras militares contra Venezuela, país acusado sin pruebas concluyentes de ser un epicentro del narcotráfico regional. Este contexto no es menor: mientras Washington prepara posibles acciones contra Caracas, indulta a un aliado declarado y condenado por facilitar el paso de más de 500 toneladas de cocaína hacia EE.UU.
Desde la perspectiva oficial estadounidense, Hernández fue tratado "de forma severa e injusta", según palabras del propio Trump en su plataforma Truth Social. Sin embargo, la realidad judicial y las investigaciones revelan una trama mucho más oscura: durante su presidencia (2014-2022), Honduras se convirtió en un narcoestado, con vínculos directos entre el exmandatario, su hermano Tony Hernández y el Cartel de Sinaloa. Este último incluso bautizó con las iniciales "TH" a un tipo de cocaína, en alusión al hermano del expresidente.
"Cuando el líder de Honduras y el líder del Cartel de Sinaloa trabajan mano en mano para mandar drogas mortales a los EE.UU., ambos deben asumir su responsabilidad", señaló Ann Milgram, exadministradora de la DEA, en marzo de 2024.
Este indulto, por tanto, no solo contradice la narrativa oficial de combate frontal al narcotráfico, sino que también envía un mensaje ambiguo a la región: la complicidad con el crimen organizado puede ser perdonada si se cuenta con el respaldo político adecuado.
Para sectores conservadores y aliados de Hernández, el indulto es una victoria política que podría fortalecer la candidatura de Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional hondureño, respaldada públicamente por Trump. "Si Tito Asfura gana, Estados Unidos dará mucho apoyo", afirmó el mandatario estadounidense, vinculando directamente la política exterior norteamericana con los resultados electorales hondureños.
En contraste, voces críticas desde la izquierda latinoamericana, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad advierten que esta medida socava los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y perpetúa la impunidad. "Este indulto es una señal clara de que la llamada 'guerra contra las drogas' es una fachada para intereses políticos y electorales", sostiene el investigador Jorge Heine, quien también destaca la hipocresía de las amenazas militares contra Venezuela mientras se protege a un narcotraficante confeso.
La coincidencia temporal entre el indulto y la escalada militar contra Venezuela no es fortuita. Washington ha cerrado el espacio aéreo y desplegado fuerzas navales en el Caribe bajo la acusación, no probada, de que Venezuela es un centro de tráfico de fentanilo y lidera un supuesto "Cartel de los Soles". Sin embargo, ninguna embarcación con droga ha sido interceptada en la ruta marítima hacia EE.UU., lo que pone en duda la veracidad de estos argumentos.
Esta estrategia parece más orientada a apaciguar a sectores electorales en Florida y a justificar una política agresiva contra Nicolás Maduro, que a combatir efectivamente el narcotráfico.
El indulto de Juan Orlando Hernández representa una fractura profunda en la coherencia de la política antidrogas estadounidense. Mientras se preparan maniobras militares contra Venezuela bajo pretextos cuestionables, se protege a un exmandatario ligado estrechamente al crimen organizado. Esto erosiona la credibilidad de EE.UU. en la región y alimenta la desconfianza hacia sus verdaderas intenciones.
Para Honduras, la medida reaviva tensiones internas y pone en jaque la percepción de justicia, al tiempo que condiciona las próximas elecciones y el futuro político del país.
Finalmente, esta historia es un recordatorio crudo de cómo las políticas internacionales pueden ser instrumentalizadas para fines electorales y geopolíticos, en detrimento de la lucha efectiva contra el narcotráfico y la estabilidad democrática en América Latina.
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Fuentes consultadas: Deutsche Welle (DW), La Tercera, declaraciones de la DEA, análisis de Jorge Heine (Quincy Institute), Reuters, EFE.