Boric cierra su mandato con el menor aumento de deuda en décadas: ¿un logro fiscal o un desafío pendiente?

En un escenario marcado por la incertidumbre global y las tensiones políticas internas, el gobierno de Gabriel Boric concluye su mandato con un dato que merece una mirada pausada: el menor aumento de deuda pública registrado en las últimas tres administraciones. A más de dos años y medio desde su asunción en marzo de 2022, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha confirmado que, pese a las dificultades, se logró una convergencia fiscal significativa, reduciendo el balance estructural desde un preocupante -10% del PIB a una meta cercana a -0,5% al cierre del periodo.

Este avance, sin embargo, no está exento de polémica. En 2024, el gobierno reconoció un incumplimiento importante de la meta fiscal establecida, una situación que abrió el debate sobre las causas y las consecuencias de este desvío. Javiera Martínez, directora de Dipres, explicó que factores como la volatilidad en los ingresos por litio y las fluctuaciones en la Operación Renta incidieron en este resultado, elementos que la mayoría de los modelos económicos tradicionales no habían previsto con precisión.

Desde el punto de vista político, este balance ha generado un choque frontal entre el oficialismo y la oposición. Mientras el gobierno defiende la necesidad de mantener una disciplina fiscal rigurosa para enfrentar un mundo de incertidumbres, sectores de oposición, particularmente Chile Vamos, rechazaron las medidas compensatorias propuestas para reducir el impuesto de primera categoría, lo que llevó al fracaso de las negociaciones tributarias.

En palabras de Martínez, 'Chile no está hoy día en una posición de rebajar su carga tributaria', subrayando la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema tributario antes de considerar reducciones. Esta postura ha sido recibida con escepticismo y críticas desde la derecha, que advierte sobre el impacto que una presión fiscal elevada podría tener en la inversión y el crecimiento económico.

Por su parte, voces desde la academia y el sector empresarial han destacado que, aunque el menor aumento de deuda es un indicador positivo, el desafío está en consolidar esta tendencia sin sacrificar la inversión social ni la capacidad de respuesta ante futuras crisis. Algunos analistas advierten que la velocidad con que creció la deuda en las últimas dos décadas sigue siendo un factor de riesgo para la estabilidad fiscal a largo plazo.

Desde las regiones, la percepción es diversa. En zonas productoras de litio, se reconoce la importancia de este recurso para las finanzas públicas, pero también la necesidad de transparentar y estabilizar los ingresos derivados para evitar impactos abruptos en el presupuesto nacional. En contraste, sectores sociales más vulnerables reclaman que el ajuste fiscal no debe traducirse en recortes que afecten derechos y servicios básicos.

En definitiva, el cierre del gobierno Boric en materia fiscal es una historia de tensiones y equilibrios: un logro tangible en la reducción del aumento de la deuda, pero también una advertencia sobre los retos pendientes en materia tributaria y de gestión pública. El debate sobre cómo equilibrar crecimiento, justicia social y responsabilidad fiscal seguirá siendo central en la agenda chilena, mientras el país se prepara para una nueva administración y un contexto global cada vez más complejo.