
En marzo de 2025, un episodio que parecía un simple debate interno de candidaturas en la centroizquierda chilena terminó por desnudar tensiones profundas y persistentes entre sus principales actores. El veto implícito de Carolina Tohá, entonces candidata presidencial del PPD, al exalcalde Daniel Jadue, del Partido Comunista (PC), desencadenó una crisis política que a estas alturas ha quedado inscrita en la historia reciente como un punto de inflexión en la fragmentación y recomposición de las fuerzas progresistas.El 25 de marzo, Tohá afirmó que Jadue no debería participar en la primaria oficialista, argumentando diferencias fundamentales en la visión política, especialmente en torno a la defensa internacional de Venezuela. Esta declaración fue recibida como un rechazo contundente por el PC, que respondió con críticas abiertas y un refuerzo de su distancia hacia el PPD.Jeannette Jara, ministra del Trabajo y figura clave del PC, pidió que los debates se centraran en propuestas y no en vetos. Sin embargo, la polémica no se limitó a declaraciones públicas: la diputada comunista Carmen Hertz recordó el escándalo SQM que afectó al PPD en el pasado, señalando que su colectividad nunca estuvo involucrada en financiamiento irregular, en un claro reproche a la historia reciente del partido de Tohá.
Este enfrentamiento no fue solo una disputa personal o de candidaturas: puso en evidencia un choque de narrativas y prioridades políticas. Por un lado, el PPD, con Tohá a la cabeza, defendía una postura de principios que excluía a figuras con posiciones consideradas incompatibles con la historia y valores del sector. Por otro, el PC y sus aliados insistían en la necesidad de unidad y en que las candidaturas debían definirse mediante el voto y el diálogo, no por vetos.
"El criterio de nuestro partido es que las decisiones se resuelven por la voluntad de los ciudadanos a través del voto o por acuerdo político, pero no por veto", afirmó el histórico socialista Camilo Escalona, reflejando la frustración que esta situación generó incluso en sectores tradicionalmente aliados.
El Frente Amplio, por su parte, optó por mantenerse al margen de la campaña de Tohá, reafirmando su intención de presentar una candidatura propia, lo que profundizó la fragmentación en la oposición. La diputada Camila Musante recomendó que el Frente Amplio apoyara a Tohá, pero el partido decidió tomarse más tiempo para una discusión interna.
Desde la perspectiva regional, el veto a Jadue tuvo un impacto significativo en la percepción de la base electoral comunista y en sectores populares, donde Jadue mantenía una fuerte adhesión debido a su gestión municipal y discurso social. La exclusión fue interpretada como un golpe a la representatividad y una muestra de las dificultades para construir un bloque progresista cohesionado.
En términos estratégicos, esta fractura debilitó la capacidad de la centroizquierda para presentarse unida frente a la derecha, que en ese momento capitalizaba la división con discursos de orden y estabilidad. La polémica prolongó la incertidumbre electoral y obligó a los partidos a replantear sus alianzas y tácticas.
Tras meses de tensiones, la lección más clara que deja este episodio es que los vetos políticos, aunque puedan parecer una herramienta para preservar principios, suelen abrir heridas difíciles de cerrar y complican la construcción de mayorías. La unidad de las fuerzas democráticas, en un contexto polarizado, requiere más diálogo y menos exclusiones.
En definitiva, el veto a Jadue y la crisis del PPD no solo marcaron un momento de conflicto, sino que revelaron las profundas contradicciones internas de la izquierda chilena, sus desafíos para articular diversidad y sus costos en la arena electoral. Como espectadores de esta tragedia política, queda claro que los actores siguen enfrentándose a un dilema que no solo es táctico, sino existencial para el futuro del progresismo en Chile.