Cathy Barriga enfrenta inhabilitación y nuevos cargos penales: la caída de una exalcaldesa en el ojo del huracán
El ocaso judicial de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, ha tomado un cariz definitivo tras la serie de resoluciones y formalizaciones que la han marcado en 2025. El 25 de marzo, el Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago dictaminó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, en un fallo unánime que da cuenta de faltas graves a la probidad administrativa y abandono de deberes durante su gestión entre 2016 y 2021.
Este fallo, que responde a un requerimiento presentado por seis concejales de Maipú, no solo señala el uso indebido de recursos municipales para promocionar su imagen personal —como la reiterada aparición de su figura en actividades y gigantografías municipales— sino también irregularidades administrativas como contrataciones directas fragmentadas y omisión de acuerdos del Concejo Municipal. Según el tribunal, Barriga vulneró principios esenciales de la gestión pública y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en un patrón persistente que la defensa calificó como un ataque político.
En paralelo, la exalcaldesa enfrenta una causa penal que se ha ido complejizando. El 15 de abril fue formalizada por nuevos delitos de malversación de fondos públicos y negociación incompatible, vinculados a la contratación irregular de cuidadores para su hijo con recursos municipales, además de otras irregularidades administrativas. La Fiscalía Metropolitana Oriente ha solicitado reiteradamente su prisión preventiva, aunque la Corte de Apelaciones ha fluctuado entre revocar y restablecer esta medida, permitiendo actualmente que Barriga cumpla arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Este proceso ha estado acompañado de episodios que han evidenciado las duras condiciones que enfrenta Barriga en prisión. En marzo, su amiga Romina Sáez denunció que la exalcaldesa estaba en un estado insalubre, con ronchas de chinches y problemas de salud derivados del encierro. Además, se desmintió la versión de un supuesto ataque con ácido, aclarando que las quemaduras en su rostro se debieron a un tratamiento estético mal aplicado.
Las voces en torno a este caso se dividen profundamente:
- Desde sectores políticos conservadores y algunos concejales de Maipú, se sostiene que la inhabilitación y los cargos penales son una respuesta necesaria para combatir la corrupción y restaurar la probidad en la administración pública.
- Por otro lado, la defensa y simpatizantes de Barriga denuncian una persecución política y un uso desmedido del aparato judicial para destruir su carrera y su imagen pública.
- Ciudadanos y observadores independientes manifiestan una mezcla de desconcierto y fatiga ante la reiteración de casos de corrupción municipal, demandando reformas estructurales que eviten abusos y mejoren la transparencia.
En el trasfondo, este episodio refleja las tensiones entre la política local y el sistema judicial chileno, donde la justicia electoral y penal se cruzan y donde las medidas cautelares y condenas administrativas conviven con procesos penales en curso.
La condena a inhabilitación por cinco años es firme en primera instancia, pero puede ser apelada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que tendrá la última palabra. Mientras, la causa penal sigue abierta y su resolución definitiva podría marcar el cierre o la continuidad de esta saga judicial.
En definitiva, la historia de Cathy Barriga es una tragedia contemporánea que expone la fragilidad de la gestión pública frente a prácticas cuestionables, el papel de la justicia en la política y la complejidad de las consecuencias personales y públicas que emergen cuando estas dimensiones colisionan. El desenlace aún está en suspenso, pero las lecciones sobre probidad, transparencia y responsabilidad están a la vista para un país que sigue buscando consolidar su democracia con instituciones fuertes y confiables.