Investigación concluye causas y responsabilidades del apagón eléctrico de febrero: ¿Qué falló y qué queda pendiente?
El apagón total que paralizó Chile el 25 de febrero de 2025 dejó una marca indeleble en la opinión pública y en la gestión del sistema eléctrico nacional. A casi diez meses de aquella noche, el informe final de la comisión académica convocada por el Coordinador Eléctrico, liderada por la Doctora Claudia Rahmann, arroja luz sobre las causas profundas, las responsabilidades y los desafíos que enfrenta el país para evitar una tragedia energética similar.
El apagón afectó a más de 15 millones de personas, interrumpió servicios básicos y paralizó la actividad económica por cerca de 12 horas. Desde entonces, el análisis ha transitado por etapas que incluyen la revisión técnica, la evaluación normativa y el debate público.
Cronología y hallazgos centrales
El informe, entregado tras seis meses de trabajo riguroso, establece que la propagación de la falla se originó en una combinación de factores técnicos y de coordinación operativa. Una sobrecarga en una línea de transmisión en el norte del país desencadenó un efecto dominó, exacerbado por la desconexión automática inesperada de varios generadores.
Los expertos concluyen que, aunque las instalaciones operaron dentro de la normativa vigente, la capacidad de respuesta del sistema fue insuficiente para contener la falla en fases iniciales. Además, el comportamiento real de los esquemas automáticos de desconexión mostró debilidades no previstas en los modelos de simulación.
Voces en tensión: perspectivas enfrentadas
"El sistema eléctrico chileno demostró vulnerabilidades estructurales que deben abordarse con urgencia," sostiene la Doctora Rahmann, quien enfatiza la necesidad de actualizar protocolos y fortalecer la infraestructura.
Por otro lado, representantes de empresas generadoras y distribuidoras argumentan que "el apagón fue un evento extremo, difícil de anticipar en su magnitud, y que la inversión en resiliencia debe ser equilibrada con la viabilidad económica del sector."
Desde el mundo político, la discusión se polariza. Algunos sectores exigen mayor regulación estatal y control sobre las compañías eléctricas, mientras que otros advierten que una intervención excesiva podría afectar la inversión y la innovación.
En regiones afectadas, la indignación ciudadana persiste. Organizaciones sociales y vecinales denuncian que la falta de información oportuna y la precariedad de servicios básicos durante el apagón evidencian un déficit en la gestión de crisis.
Contexto histórico y socioeconómico
Este episodio no puede entenderse sin considerar la complejidad del sistema eléctrico chileno, que combina generación convencional, renovables y una creciente participación de medios distribuidos. La transición energética, con sus desafíos técnicos y regulatorios, ha tensionado la operación diaria.
Además, la desigualdad en el acceso a servicios y la vulnerabilidad de ciertas comunidades aumentaron el impacto social del apagón, poniendo en evidencia brechas que trascienden el ámbito técnico.
Constataciones y consecuencias
- El apagón fue resultado de una cadena de fallas técnicas y de coordinación que, aunque previstas en parte, no fueron contenidas a tiempo.
- La normativa actual no contempla adecuadamente escenarios de falla extrema ni la interacción compleja de sistemas automáticos y generación distribuida.
- La inversión en resiliencia y modernización es urgente, pero debe equilibrarse con la sustentabilidad económica del sector.
- La gestión de crisis y comunicación con la ciudadanía requiere mejoras sustanciales para evitar la desinformación y la pérdida de confianza.
Chile enfrenta ahora el desafío de traducir estas lecciones en políticas públicas y acciones concretas, mientras se mantiene la tensión entre actores que defienden modelos distintos para el futuro energético del país. La tragedia de febrero sigue siendo una herida abierta y un llamado a la reflexión profunda sobre la infraestructura crítica y su rol en la vida cotidiana.
Fuentes consultadas incluyen el informe final de la comisión académica liderada por Claudia Rahmann, declaraciones oficiales del Coordinador Eléctrico, análisis técnicos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y voces de actores políticos y sociales regionales.