Acusación Constitucional contra Diego Simpertigue: El Juicio que Divide a la Justicia Chilena

Acusación Constitucional contra Diego Simpertigue: El Juicio que Divide a la Justicia Chilena
Actualidad
Justicia Tribunales
2025-12-02
Fuentes
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- Controversia judicial con acusaciones de corrupción y favoritismo.

- Debate sobre independencia judicial versus control político.

- Fragmentación política y social en torno a la figura del juez Simpertigue.

Un juez bajo la lupa: El 24 de noviembre de 2025, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. La razón: su presunta responsabilidad en la llamada "trama bielorrusa", un entramado que involucra al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y que ha puesto en jaque la confianza en ciertos sectores del Poder Judicial.

El eje central del libelo es la acusación por "notable abandono de deberes". Se le reprocha al magistrado haber favorecido con su voto y redacción de fallo a la empresa Belaz Movitec, ordenando a la minera estatal Codelco devolver maquinarias y fondos por sobre 11 mil millones de pesos. Tras la exposición pública de sus vínculos con abogados imputados por presuntas coimas, Simpertigue solicitó vacaciones, mientras un sumario interno en la Suprema permanece abierto.

Un juicio político o un control legítimo: En la comisión revisora de la Cámara de Diputados, el debate se encendió con la intervención del abogado y exconvencional Fernando Atria. "Esta acusación no puede ser entendida como un juicio político, porque ello atenta contra la independencia judicial y el Estado de Derecho", afirmó. Subrayó que la revisión de decisiones judiciales no puede convertirse en un mecanismo para controlar políticamente al Poder Judicial, advirtiendo que una decisión judicial errada no implica necesariamente abandono de deberes.

Sin embargo, Atria no descartó que ciertos hechos puedan ser materia de acusación si están suficientemente acreditados, especialmente cuando se trata de favores recibidos que configuran un paradigma de infracción judicial. Su análisis matizó la línea entre la protección institucional de la independencia y la necesidad de sancionar conductas reprochables.

Perspectivas enfrentadas:

- Desde el oficialismo, representado por Manouchehri, la acusación es un acto necesario para preservar la probidad y la confianza pública. "El juez ha faltado gravemente a su deber de probidad e independencia", señaló, destacando el episodio del crucero con abogados involucrados en la causa como símbolo del cuestionamiento ético.

- En la oposición, sectores como la Unión Demócrata Independiente (UDI) muestran apertura para apoyar la destitución, evidenciando que la controversia trasciende líneas partidarias tradicionales.

- En el máximo tribunal y en círculos judiciales, el sumario y la defensa del juez reflejan la tensión entre mantener la autonomía judicial y responder a las demandas ciudadanas de transparencia.

Conflictos de interés y nombramientos: Otro capítulo del libelo acusa a Simpertigue de favorecer a su yerno, César Maturana, en múltiples ternas para notarías y conservadurías, lo que añade un componente de conflicto de interés y nepotismo al caso. Atria, sin embargo, recomendó distinguir entre faltas personales y prácticas institucionalizadas, señalando que la amistad con abogados no es causal automática de recusación.

Consecuencias y lecciones:

Este proceso revela las fracturas dentro del sistema judicial chileno y la dificultad de equilibrar independencia con responsabilidad. El desenlace del juicio político contra Simpertigue tendrá un impacto profundo en la percepción pública sobre la justicia y la legitimidad institucional.

Más allá de la figura del juez, la trama bielorrusa plantea preguntas incómodas sobre la influencia de intereses económicos, las redes de poder y la transparencia en la administración de justicia. En un país que busca fortalecer su Estado de Derecho, este caso se erige como un escenario donde la tragedia no es solo personal, sino colectiva.

La atención ahora se centra en la comisión revisora de la Cámara y el Pleno, donde diputados de diversas tendencias deberán decidir si las evidencias son suficientes para destituir a un magistrado con cuatro décadas de trayectoria, o si se trata de un episodio que amenaza con politizar aún más la justicia chilena.

La historia está lejos de concluir, y en este coliseo judicial, los espectadores somos todos los ciudadanos, enfrentados a la compleja tarea de discernir entre la justicia y la política, la verdad y la apariencia.