Tribunal Supremo de Canadá abre la puerta a demandas por derrumbe en mina chilena:Lundin Mining en el centro de un pulso legal y ético transnacional
Un fallo que retumba más allá de la sala judicial. El Tribunal Supremo de Canadá autorizó a inversionistas de Lundin Mining a iniciar demandas legales contra la empresa por el derrumbe ocurrido en 2017 en la faena Candelaria, Región de Atacama. La razón: la minera no informó oportunamente a sus accionistas sobre el incidente, un desprendimiento de rocas que afectó la operación y que ahora se convierte en epicentro de un debate jurídico y ético de alcance internacional.
Origen y evolución del conflicto
El incidente en Candelaria ocurrió hace casi ocho años, pero fue en 2025 cuando la justicia canadiense abrió la puerta a las demandas. Esta decisión ocurre tras años de litigios y cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de riesgos de Lundin Mining, una empresa canadiense con fuerte presencia en Chile. Además, la resolución marca un precedente en cuanto a la responsabilidad que deben asumir las compañías transnacionales frente a sus inversionistas, en especial cuando se trata de eventos que pueden afectar su valor y reputación.
Perspectivas enfrentadas
Desde el lado de los accionistas, la decisión ha sido acogida con esperanza. Argumentan que la falta de información oportuna sobre el derrumbe no solo vulneró sus derechos como inversionistas, sino que también ocultó riesgos reales que podrían haber influido en sus decisiones financieras. Para ellos, el fallo canadiense representa un paso hacia una mayor rendición de cuentas corporativa y un llamado a la transparencia.
En contraste, Lundin Mining ha defendido que la empresa actuó conforme a las normativas vigentes en Chile y Canadá, y que los eventos fueron gestionados con responsabilidad. Además, ha señalado que el derrumbe fue un accidente fortuito, sin intención ni negligencia, y que la comunicación con los stakeholders fue adecuada según los estándares de la industria.
Por su parte, organizaciones sociales y comunidades en Atacama han recordado que este derrumbe es sólo una parte visible de un historial más amplio de impactos ambientales y sociales asociados a la minería. Para ellos, la demanda de los accionistas es insuficiente si no se acompaña de una reparación real y un compromiso serio con la sustentabilidad y los derechos de las comunidades afectadas.
Contexto histórico y socioeconómico
Chile, como uno de los principales productores mundiales de cobre, ha vivido un constante tira y afloja entre el desarrollo económico y las demandas sociales y ambientales. La minería, pilar de la economía nacional, también ha sido foco de controversias por accidentes, contaminación y conflictos territoriales. En este marco, la decisión canadiense resuena como un llamado a reconsiderar no solo las prácticas empresariales, sino también las regulaciones y mecanismos de supervisión transnacionales.
Consecuencias visibles y futuras
La apertura de este camino legal en Canadá podría incentivar a otros inversionistas a exigir mayores estándares de información y gestión de riesgos. Asimismo, podría presionar a Lundin Mining y otras empresas similares a revisar sus protocolos internos y a ser más transparentes con sus stakeholders.
En Chile, el fallo añade una nueva dimensión al debate sobre la minería responsable y la justicia ambiental, recordando que las operaciones extractivas no sólo tienen implicancias económicas, sino también éticas y sociales.
Constataciones finales
Este episodio evidencia que la responsabilidad corporativa trasciende fronteras y que los mecanismos legales internacionales pueden ser instrumentos clave para la rendición de cuentas. Sin embargo, también pone en evidencia las tensiones entre distintos actores: inversionistas, empresas, comunidades y Estados, cada uno con intereses y perspectivas a veces irreconciliables.
La historia de Lundin Mining y el derrumbe en Candelaria no es sólo un caso judicial; es un espejo que refleja los desafíos de un modelo económico que busca equilibrar rentabilidad, transparencia y justicia social en un mundo cada vez más interconectado.
Como señaló un experto en derecho corporativo consultado por Diario Financiero, "este fallo puede marcar un antes y un después en la forma en que las empresas mineras informan y gestionan sus riesgos, no sólo en Canadá sino a nivel global".
En definitiva, la trama está servida: un tribunal extranjero, una minera chilena, accionistas que reclaman y comunidades que observan. El desenlace, por ahora, queda en manos de la justicia y la sociedad, que deben decidir qué precio tiene la transparencia y quién paga el costo de la tragedia.