Mal uso de licencias médicas en el sector público: Más de 28 mil funcionarios bajo investigación: Un desafío para la confianza y la gestión estatal

Entre 2023 y 2024, un fenómeno que parecía anecdótico en el sector público chileno escaló hasta convertirse en un problema estructural: más de 28.000 funcionarios públicos están involucrados en sumarios administrativos por el uso irregular de licencias médicas. Esta cifra, difundida en el último balance de la Dirección de Presupuestos (Dipres) el 29 de noviembre, revela un entramado complejo donde la confianza en la gestión estatal y el respeto a los derechos laborales se enfrentan en un escenario de creciente desconfianza ciudadana.

El informe detalla que durante los períodos de ausencia, estos funcionarios percibieron remuneraciones por un total de $36.008 millones, lo que ha encendido las alarmas sobre el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, la historia no es unívoca y se despliega en múltiples dimensiones que vale la pena explorar.

Origen y evolución: De casos aislados a un problema sistémico

El punto de partida fue el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, que detectó incumplimientos de reposo médico, incluyendo casos de funcionarios que salieron del país mientras estaban con licencia. A partir de esta alerta, Hacienda instruyó sumarios y rechazos de licencias cuando correspondiera, dando inicio a una investigación que ha ido creciendo en alcance y profundidad.

A la fecha, 28.028 funcionarios del nivel central han sido reportados, con una ligera alza respecto a los 27.778 del balance anterior. De ellos, 23.140 permanecen en sus cargos mientras que 4.888 ya no se desempeñan en sus funciones, aunque 2.670 siguen siendo investigados. La duración promedio de las licencias en cuestión es de 21,9 días, un dato que invita a cuestionar la naturaleza y justificación de estas ausencias.

Diversas perspectivas en el debate

Desde el gobierno, la narrativa oficial sostiene que estos procesos disciplinarios son fundamentales para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y preservar la integridad del Estado. La Dipres ha enfatizado la transparencia y el debido proceso, posicionándose como garante de la fiscalización.

Por otro lado, sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten que el foco excesivo en sancionar podría derivar en una presión indebida sobre funcionarios que efectivamente requieren licencias médicas por razones legítimas. "Existe un riesgo de estigmatización que afecta la salud laboral y el bienestar de quienes cumplen con sus deberes", señala un dirigente sindical que prefirió mantener el anonimato.

Desde la ciudadanía, la percepción es ambivalente: hay un malestar evidente por la posible malversación de fondos públicos, pero también una preocupación por que estas investigaciones no se transformen en un instrumento de persecución o desconfianza generalizada hacia el funcionariado.

Impacto regional y social

Un dato revelador es que el 30% de los sumarios por salidas del país corresponden a funcionarios en servicios regionales, lo que pone en evidencia que el problema no es exclusivo de la capital ni del nivel central. Esto abre la discusión sobre las condiciones laborales y el control en regiones, donde la fiscalización puede ser más débil y las dinámicas distintas.

Además, el 23% de los casos están asociados a asistencia a casinos, un fenómeno que ha generado debate sobre la ética y el uso de licencias para actividades recreativas, mientras que un 6% involucra a miembros de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, sectores tradicionalmente con reglamentos más estrictos.

Constataciones y consecuencias

Este episodio desnuda una tensión clásica: la necesidad de proteger la salud y derechos laborales de los funcionarios versus la obligación del Estado de administrar bien los recursos públicos y mantener la confianza ciudadana.

Los sumarios en curso (20.794) y los casos cerrados con resolución ejecutoriada (562) muestran que el proceso es largo y complejo, sin soluciones rápidas. La gestión de estas investigaciones requerirá equilibrio para evitar tanto la impunidad como la persecución injusta.

Finalmente, esta crisis pone sobre la mesa la urgencia de revisar los sistemas de control y las políticas de salud laboral en el sector público, así como la necesidad de un diálogo abierto entre gobierno, trabajadores y sociedad para reconstruir la confianza y mejorar la gestión pública.

Fuentes: Dirección de Presupuestos (Dipres), Contraloría General de la República, declaraciones sindicales y análisis ciudadanos.