
En el corazón del debate penitenciario chileno, la ex cárcel Punta Peuco —hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil— vive una batalla que trasciende los muros y las rejas. Desde junio de 2025, Gendarmería ha impulsado un plan para reconvertir este recinto, conocido por albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos, en una cárcel común. Sin embargo, los internos y sus defensas han respondido con una serie de acciones judiciales para preservar lo que consideran derechos y condiciones especiales, que otros sectores califican como privilegios injustificados.
El epicentro de la controversia son los más de 100 refrigeradores, televisores, calefactores y otros artefactos que poseen los internos. Gendarmería reportó que hay 105 refrigeradores para alrededor de 140 internos, un televisor cada dos personas y una evidente sobrecarga eléctrica. La entidad sostiene que esta situación no sólo es insostenible desde el punto de vista técnico, sino que también genera un trato desigual respecto a otros penales.
Las defensas, en cambio, argumentan que estos artefactos son esenciales para mantener la salud y bienestar de internos con condiciones médicas especiales, como diabéticos insulinodependientes o personas con enfermedades óseas. “No sólo guardamos comida, sino insulina y alimentos específicos para adultos mayores”, insisten.
La Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado órdenes de no innovar que han detenido el retiro de estos enseres mientras se resuelve el fondo del recurso, y la discusión se mantiene en la Suprema.
Otro foco de conflicto son las condiciones para recibir visitas. Los internos han acondicionado patios con toldos, carpas y hasta árboles frutales y yerbas medicinales para crear espacios de encuentro social. Gendarmería planea eliminar estos espacios y modificar los días y horarios de visita para equiparar condiciones con otras cárceles.
Los reos y sus abogados denuncian hostigamiento y pérdida de espacios construidos con sus propios recursos, mientras que la institución penitenciaria defiende la medida como un acto de justicia y equidad.
El juez Carlos Poblete, tras una visita al penal, ordenó respetar las medidas cautelares que mantienen vigentes los espacios y regímenes de visita actuales.
Un elemento que añade una dimensión espiritual a la disputa es la gruta con la Virgen María, construida por los internos y usada como lugar de reflexión y oración diaria. Gendarmería contempla su destrucción o reubicación en el marco de las obras, lo que ha generado inquietud y un nuevo foco de resistencia.
Las defensas sostienen que la gruta es un símbolo de la identidad y la esperanza de los internos, y que su eliminación sería un golpe a su dignidad y espiritualidad.
Este escenario judicial y social no está exento de la tensión política que rodea a Punta Peuco. El candidato republicano José Antonio Kast expresó recientemente su deseo de indultar a presos enfermos terminales del penal, una postura que ha reavivado el debate público.
“A lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares, cosa que a mí me gustaría”, afirmó Kast, mientras sectores progresistas y de derechos humanos rechazan cualquier medida que pueda interpretarse como un privilegio para condenados por crímenes de lesa humanidad.
El conflicto en Punta Peuco es un espejo de las tensiones que atraviesan el sistema penitenciario chileno y la sociedad en general: la búsqueda de justicia y reparación frente a la necesidad de equidad y dignidad en el cumplimiento de penas.
Por un lado, el Estado y Gendarmería intentan normalizar un recinto que ha sido símbolo de privilegios.
Por otro, los internos y sus defensas luchan por conservar condiciones que consideran esenciales para su salud, bienestar y dignidad, en un contexto donde la memoria y la justicia histórica pesan con fuerza.
Finalmente, la intervención judicial, con sus decisiones divididas y apelaciones, refleja la complejidad de equilibrar derechos, seguridad y justicia social.
Este conflicto, lejos de ser un episodio aislado, invita a reflexionar sobre cómo Chile enfrenta sus heridas históricas y cómo construye un sistema penitenciario que sea justo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
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Fuentes: La Tercera (2025-12-01, 2025-12-02), declaraciones públicas de José Antonio Kast, informes de Gendarmería de Chile, resoluciones judiciales recientes.