Desarticulan banda criminal que desplazó su operación de Santiago a O’Higgins: un desafío para la seguridad regional

En un operativo que culminó el 28 de noviembre, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda criminal que había trasladado su centro de operaciones desde Santiago hacia la Región de O’Higgins.Cinco personas fueron detenidas tras allanamientos en ocho domicilios de San Francisco de Mostazal, en una acción que se extendió por cuatro meses de investigación.

Este episodio no solo revela la movilidad y adaptación de las organizaciones delictivas, sino que también pone en evidencia la tensión entre la realidad criminal actual y las estructuras policiales y de seguridad regionales, que no han evolucionado al mismo ritmo.

La banda operaba en departamentos sociales de la población Bernardo Retamal, intentando abrir nuevos nichos de negocio ilícito, según detalló el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI. En el operativo se incautaron drogas —500 gramos de cannabis sativa, 300 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de cocaína base— y armas de fuego, elementos que ilustran la peligrosidad y el alcance de esta organización.

El Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, advirtió que “los fenómenos criminales que estamos viviendo son distintos, propios de la influencia que ejerce la Región Metropolitana sobre O’Higgins”. Su llamado a un estudio actualizado de la realidad delictual busca visibilizar la necesidad de una reforma profunda en las estrategias de seguridad pública, pues, como señaló, la estructura policial vigente data de hace 25 años y no responde a las dinámicas actuales.

Desde el ámbito local, la alcaldesa de San Francisco de Mostazal, Verónica Arroyo, expresó preocupación por el impacto que la presión policial en la Región Metropolitana ha tenido en su territorio: “Esta actividad de intervención en Santiago repercute en nuestra región, y por eso hemos insistido en fortalecer el trabajo colaborativo para recuperar nuestros espacios”. Su voz refleja la inquietud de muchas comunidades que enfrentan un desplazamiento del crimen organizado y sus consecuencias sociales.

En contraste, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó el éxito inicial del operativo como fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PDI, pero reconoció que “la integralidad del trabajo del sistema de seguridad no termina ahí; vendrán otros esfuerzos”. Esta postura apunta a un enfoque sistémico, pero aún por definir en su concreción y alcance.

Desde una perspectiva política, el caso exhibe un choque entre la urgencia de las autoridades locales por respuestas inmediatas y la visión de las autoridades nacionales que apuestan por procesos coordinados y a largo plazo. La ciudadanía, por su parte, se encuentra en la encrucijada de vivir la inseguridad creciente y la sensación de insuficiencia institucional.

Históricamente, la Región de O’Higgins ha sido considerada un territorio de menor conflictividad criminal en comparación con la Metropolitana. Sin embargo, la infiltración de bandas provenientes de la capital evidencia una nueva fase en la expansión del crimen organizado, que busca aprovechar vacíos y debilidades locales.

Este desplazamiento delictual plantea preguntas cruciales sobre la capacidad de las policías regionales, la actualización de sus diagnósticos y estrategias, y la necesidad de políticas públicas que integren prevención social, control policial y participación comunitaria.

En definitiva, la desarticulación de esta banda es un éxito operativo que destapa una problemática mayor: la transformación y expansión del crimen organizado en Chile y la urgencia de adaptar las instituciones para enfrentarlo eficazmente. La realidad criminal actual exige no solo operativos puntuales, sino una revisión profunda de las estructuras y políticas de seguridad pública, con un enfoque que reconozca la interconexión entre regiones y las múltiples dimensiones del fenómeno delictual.