Crisis en el Poder Judicial: ¿Puede Chile restaurar la confianza en su justicia? : Entre escándalos y reformas, el sistema judicial enfrenta su prueba más dura

Un sistema bajo asedio

Desde 2023, el Poder Judicial chileno ha sido sacudido por una serie de escándalos que han puesto en jaque su credibilidad. El llamado caso de los "Audios" destapó prácticas cuestionables entre jueces y abogados, desembocando en destituciones, acusaciones constitucionales y una crisis institucional sin precedentes en décadas.

El epicentro de esta tormenta ha sido la llamada "trama bielorrusa", que ha revelado sobornos para favorecer a un consorcio extranjero en litigios contra Codelco. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue removida y enfrenta investigaciones penales, mientras que otros magistrados están bajo la lupa por vínculos con abogados implicados.

Este entramado no se ha limitado al Poder Judicial. Nuevas revelaciones muestran que el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, figura central en las investigaciones, realizó transferencias de dinero a parlamentarios como el senador Matías Walker y el diputado Cristian Araya, generando acusaciones de tráfico de influencias y presiones políticas. Aunque ambos legisladores han negado irregularidades, el daño a la percepción pública es evidente.

La política en el ojo del huracán

En el Congreso, la crisis judicial ha tensionado las relaciones internas y la separación de poderes. El senador Pedro Araya fue acusado de intentar frenar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, quien enfrenta sumarios por viajes compartidos con abogados formalizados. Aunque Araya y el ministro del Interior Álvaro Elizalde desmintieron estas versiones, el episodio refleja la complejidad y la politización que atraviesa el sistema judicial.

"La guillotina es adictiva, y deja poco espacio para hacerse cargo del problema de fondo", señala el abogado Diego Navarrete, aludiendo a la tentación del Congreso de buscar responsables individuales sin abordar las fallas estructurales.

Un sistema judicial sobrecargado y con incentivos perversos

La crisis no solo es ética o política. El Poder Judicial enfrenta una saturación extrema: en 2024, más de 1,5 millones de causas ingresaron a tribunales civiles y superiores, lo que obliga a cada juez a tramitar decenas de casos diarios bajo procedimientos anacrónicos. Esta realidad limita la capacidad de análisis profundo y aumenta la dependencia de sistemas poco transparentes para la designación y evaluación de jueces.

El actual mecanismo de nombramiento, que depende de una quina elegida por la Corte Suprema, la elección presidencial y la ratificación del Senado, genera incentivos para vínculos indebidos entre jueces y políticos, según coinciden expertos y actores judiciales.

"El alma del sistema no está en una persona, sino en un diseño institucional que asegure imparcialidad, independencia y transparencia", advierte Navarrete.

Reformas en marcha y desafíos pendientes

El gobierno ha impulsado un proyecto para modificar el gobierno judicial y crear un consejo de nombramientos, pero críticas señalan que no aborda el problema de fondo: la politización en la designación de ministros de la Corte Suprema persiste.

La Corte Suprema ha adoptado medidas para remover jueces cuestionados y abrir sumarios, pero la falta de criterios claros y la dependencia interna dificultan una respuesta contundente. Además, la reciente vacante en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago se ha convertido en un termómetro para evaluar si las nuevas leyes permitirán designaciones más transparentes o perpetuarán prácticas opacas.

La formación ética de abogados es otro punto señalado como crítico. El presidente del Colegio de Abogados ha remarcado que deficiencias en la educación jurídica abren la puerta a conflictos de interés y malas prácticas futuras.

Voces desde la sociedad y la academia

Desde la sociedad civil, organizaciones como UNICEF y expertos en infancia han insistido en que la justicia debe garantizar protección efectiva y derechos, especialmente para grupos vulnerables, lo que hace aún más urgente restaurar la confianza institucional.

Académicos y analistas llaman a una reforma integral que no solo corrija nombramientos y controles, sino que también modernice procedimientos y reduzca la carga judicial para permitir un trabajo más riguroso y justo.

Conclusión: una tragedia con lecciones para Chile

La crisis del Poder Judicial chileno no es solo un escándalo más: es la manifestación de fallas profundas que amenazan la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso. La sociedad observa con creciente desconfianza, y la política se debate entre la tentación de castigos rápidos y la necesidad de reformas estructurales.

Es claro que sin cambios sustanciales en el sistema de nombramientos, mecanismos de control independientes y una cultura ética fortalecida, la crisis persistirá. Sin embargo, también está claro que la justicia es un pilar insustituible para la democracia y la paz social, y su restauración es urgente.

"No basta con cortar cabezas; hay que cambiar el alma del sistema", concluye Navarrete, dejando en manos de los actores políticos, judiciales y ciudadanos la responsabilidad de enfrentar esta tragedia institucional con valentía y visión de futuro.

---

Fuentes: La Tercera, BioBioChile, Reportea, análisis de expertos jurídicos y declaraciones públicas de actores involucrados.