Iberia y la crisis aérea con Venezuela: ¿un conflicto de seguridad o un choque político irreversible?
En las últimas semanas, el escenario aéreo entre España y Venezuela se ha convertido en un campo de batalla donde convergen preocupaciones de seguridad, decisiones políticas y una crisis diplomática que trasciende las pistas de aterrizaje. El pasado 23 de noviembre de 2025, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta para extremar precauciones al operar en el espacio aéreo venezolano debido a un aumento de la actividad militar y el deterioro de la seguridad en la zona. Esta advertencia desencadenó que Iberia, la principal aerolínea española con vuelos regulares a Caracas, suspendiera sus operaciones hacia y desde Venezuela de manera inmediata.
El 27 de noviembre, Iberia anunció su intención de retomar vuelos “lo antes posible”, siempre que se garanticen condiciones de plena seguridad, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España. Sin embargo, esta suspensión no fue bien recibida por el gobierno venezolano, que respondió con una medida drástica: la revocación unilateral de las concesiones a Iberia y otras cinco aerolíneas internacionales, incluyendo TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Colombia y GOL Brasil.
Desde Caracas, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó la suspensión de vuelos como un acto de "terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos", argumentando que la alerta aérea se basó en un NOTAM emitido por una autoridad sin competencia sobre el espacio aéreo venezolano. “Estados Unidos emitió un NOTAM sobre un espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela, pero estas aerolíneas siguen operando normalmente en esos otros destinos”, denunció Cabello en la televisión estatal.
Este episodio ha generado un choque frontal entre dos visiones que difícilmente encontrarán consenso a corto plazo. Por un lado, la postura de las aerolíneas y las autoridades internacionales de aviación que priorizan la seguridad de las rutas aéreas, basándose en información de inteligencia y riesgos constatados. Por otro, la narrativa venezolana que interpreta estas medidas como una maniobra política y económica destinada a aislar al país en medio de una crisis interna y sanciones internacionales.
En España y otros países de la Unión Europea, la suspensión de vuelos ha provocado inquietud entre pasajeros y operadores turísticos, quienes ven afectadas sus conexiones directas con Venezuela, un mercado tradicionalmente importante para el tráfico aéreo y la comunidad migrante. Desde el sector empresarial, se advierte que la ruptura prolongada puede tener consecuencias negativas en el comercio bilateral y la movilidad cultural.
A nivel regional, esta disputa aérea se inscribe en un contexto de tensiones más amplias entre Venezuela y varios países occidentales, donde la seguridad, la política y las sanciones se entrelazan en una compleja red de intereses y confrontaciones.
Al analizar las múltiples perspectivas, emerge una realidad multifacética: la seguridad aérea es un imperativo que no puede ignorarse, pero su manejo se politiza en un escenario donde las decisiones impactan no solo en la movilidad, sino en la imagen y soberanía de los estados involucrados.
La revocación de concesiones por parte de Venezuela, lejos de ser un acto aislado, es un mensaje contundente de rechazo a lo que considera presiones externas disfrazadas de preocupaciones técnicas. Mientras tanto, Iberia y las otras aerolíneas enfrentan la disyuntiva de operar en un espacio aéreo con riesgos reales o perder presencia en un mercado estratégico.
En definitiva, este conflicto aéreo evidencia que las fronteras no solo se definen en tierra, sino también en el aire, donde la seguridad, la política y la economía se disputan el control. La resolución del conflicto requerirá no solo diálogo técnico, sino voluntad política para superar la desconfianza y evitar que la tragedia afecte a viajeros, trabajadores y a la conexión entre pueblos.
Por ahora, la suspensión de vuelos y las sanciones mutuas se mantienen, y con ellas, la incertidumbre sobre cuándo y cómo se restablecerán las rutas. La historia aérea entre España y Venezuela, marcada por este episodio, deja una lección clara: en el escenario internacional, la seguridad y la política vuelan juntas, pero a veces en direcciones opuestas.