Fraudes bancarios en Chile: un sistema en crisis entre leyes mal diseñadas y usuarios en la mira

Chile enfrenta una crisis creciente en materia de fraudes bancarios, un fenómeno que ha escalado en volumen y complejidad desde 2023, desnudando las fallas de un sistema legal y operativo que no logra contener ni proteger adecuadamente a sus usuarios.

Las pérdidas netas por fraudes externos en la banca alcanzaron los US$ 215 millones a noviembre de 2024, un aumento del 13% respecto al año anterior, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Estas cifras, aunque muestran una leve reducción en los últimos meses del año, mantienen un nivel históricamente alto, con BancoEstado como el principal afectado, acumulando pérdidas por US$ 154 millones en el mismo periodo.

El origen de esta crisis se remonta a la Ley N° 20.009, promulgada en 2020, que buscaba proteger a los usuarios estableciendo una responsabilidad estricta para los emisores de medios de pago. Sin embargo, esta legislación generó incentivos perversos, como el aumento exponencial de autofraudes, donde los propios usuarios realizaban giros fraudulentos para luego reclamar la devolución. La ley prohibió además los seguros antifraude para usuarios, eliminando una herramienta de protección.

El impacto fue inmediato: fraudes en cajeros automáticos en el primer semestre de 2024 bordearon los $117 mil millones, con un aumento del 1.543% respecto al mismo periodo del año anterior. Este fenómeno llevó al Congreso a aprobar en abril de 2024 una reforma (Ley N° 21.673) que modificó varios aspectos, como reducir los plazos para desconocer transacciones y exigir denuncia policial para proceder con la devolución.

Sin embargo, la solución legal no ha sido suficiente. Los bancos privados han incrementado la judicialización, demandando a clientes cuando detectan dolo o culpa grave —por ejemplo, cuando usuarios entregan sus claves o caen en estafas digitales—, con estimaciones que hablan de hasta 30 mil juicios desde la entrada en vigencia de la nueva ley. Los Juzgados de Policía Local están saturados, recibiendo decenas de demandas semanales solo en comunas como Providencia y Macul. Los jueces resuelven caso a caso, con una jurisprudencia que ha ido endureciendo el estándar hacia una mayor responsabilidad del usuario.

“La Corte ha subido el estándar, exigiendo que las personas tengan una preocupación mayor y revisen frecuentemente sus cuentas para evitar fraudes”, explica Vladimir Mondaca, juez del Primer Juzgado de Policía Local de Providencia. Por su parte, Francisco Villarroel, juez de Macul, señala que el 50% de las demandas son acogidas y el otro 50% rechazadas, dependiendo de los antecedentes.

Desde la industria bancaria, la Asociación de Bancos (Abif) reconoce que la ley está mal diseñada: “El funcionamiento del sistema de pagos requiere un marco normativo que equilibre adecuadamente los derechos de los consumidores y la responsabilidad de los oferentes. Debe modificarse la ley 20.009, reconociendo la regla general de culpa leve y permitiendo la contratación de seguros antifraude”, sostiene su secretario general, Alejandro Arriagada.

La falta de educación financiera es otro factor crítico. Un estudio de la Universidad Andrés Bello revela que 6 de cada 10 personas mayores de 18 años en Chile han sido víctimas de estafas digitales, muchas relacionadas con fraudes bancarios. “Si alguien cree que puede obtener rentabilidades mensuales garantizadas y sin riesgo, está frente a una estafa. La educación financiera debe incorporarse desde la escuela para proteger a las futuras generaciones”, advierte Eric Salinas Mayne, académico de Ingeniería Comercial.

Por último, la tecnología juega un papel ambiguo: mientras la inteligencia artificial y los mecanismos antifraude avanzan, también facilitan estafas más sofisticadas, como videos manipulados que simulan recomendaciones financieras legítimas.

En conclusión, la batalla contra los fraudes bancarios en Chile es una tragedia en múltiples actos. Un sistema legal que, aunque bien intencionado, genera efectos contraproducentes; usuarios vulnerables y poco educados financieramente; bancos que se ven obligados a judicializar relaciones de confianza; y una justicia sobrecargada que debe decidir sobre casos complejos y sensibles.

La verdadera reforma requerirá no solo ajustes legales, sino también una estrategia integral que incluya educación financiera masiva, regulación tecnológica efectiva, y un diálogo abierto entre todos los actores para restaurar la confianza y proteger a los más expuestos en esta guerra invisible.

Fuentes: Comisión para el Mercado Financiero, Asociación de Bancos (Abif), Universidad Andrés Bello, entrevistas a jueces de Policía Local, Diario Financiero, La Tercera.