Crisis en el Poder Judicial: El desafío de reconstruir la confianza perdida

Una tormenta que no cesa sacude desde hace meses al Poder Judicial chileno, dejando a la ciudadanía y a los actores políticos en un escenario de incertidumbre y desconfianza que pocos recuerdan con tal intensidad. Desde los primeros destapes en noviembre de 2025, con los casos conocidos como “Audios” y “Muñeca Bielorrusa”, la justicia ha sido puesta en el centro de una crisis sin precedentes. En este tiempo, han sido destituidos dos ministros de la Corte Suprema, dos de Cortes de Apelaciones, y varios jueces enfrentan acusaciones graves que apuntan a prácticas que van más allá de la simple falta ética: sobornos, tráfico de influencias y manipulación en procesos de nombramientos.

El corazón del problema: independencia y corrupción

Esta crisis no es solo un escándalo aislado, sino la manifestación de fallas estructurales que afectan la esencia misma del sistema judicial. Rafael Pastor Besoain, decano de Derecho en la Universidad Central, señala que “el problema no es solo la conducta individual, sino la vulnerabilidad del sistema de nombramientos y controles disciplinarios internos”. La independencia judicial, pilar del estado de derecho, se ha visto empañada por la sospecha de concertaciones ilegítimas entre jueces y abogados externos para influir en designaciones y fallos.

La interferencia indebida en nombramientos y la intromisión en causas judiciales han socavado la confianza pública, ampliando el malestar social hacia las instituciones.

Voces en pugna: ¿reforma o crisis terminal?

El debate se ha polarizado. Por un lado, sectores políticos y académicos reclaman reformas profundas que separen las funciones jurisdiccionales de las administrativas y disciplinarias. Proponen la creación de órganos autónomos que gestionen la carrera judicial y los nombramientos, buscando evitar la concentración de poder en la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.

El abogado Hernán Larraín F., en una columna reciente, advierte que “la Corte Suprema debe asumir un liderazgo ejemplar para reforzar la ética, asegurar unidad jurisprudencial y contener el activismo judicial”. Para Larraín, sin una respuesta firme, la corrupción podría normalizarse, reduciendo la justicia a un mero trámite sin garantías.

Por otro lado, hay quienes alertan sobre los riesgos de una judicialización excesiva de la política y la posible politización de las reformas. Algunos sectores temen que las medidas adoptadas en plena coyuntura electoral puedan ser utilizadas como armas de posicionamiento político, debilitando aún más la legitimidad judicial.

El impacto regional y social: un clamor ciudadano

Más allá de la elite jurídica y política, la ciudadanía observa con creciente escepticismo y preocupación cómo la crisis judicial afecta la percepción de justicia y equidad en el país. En regiones, donde la confianza en las instituciones siempre ha sido más frágil, la sensación de abandono e impunidad se profundiza.

Organizaciones sociales y gremiales han intensificado sus llamados a la transparencia y a la rendición de cuentas, exigiendo que la justicia recupere su rol como garante de derechos y no como instrumento de poder. La desafección hacia el sistema judicial podría traducirse en un aumento de la conflictividad social y un debilitamiento del estado de derecho si no se actúa con prontitud y convicción.

Verdades que emergen y caminos por recorrer

El diagnóstico es claro: el Poder Judicial enfrenta una crisis de legitimidad que no puede ser resuelta con parches ni medias tintas. La corrupción y la falta de controles internos han erosionado la confianza pública, y la concentración de funciones administrativas y disciplinarias en las altas cortes ha facilitado estas prácticas.

Las reformas propuestas apuntan a un cambio estructural, separando funciones y creando órganos autónomos para garantizar la transparencia y la independencia. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá del compromiso político, la voluntad institucional y la participación activa de la sociedad civil.

En definitiva, el desafío es restaurar la confianza en la justicia como pilar fundamental de la democracia chilena, antes de que la crisis se convierta en un daño irreversible para el país. La historia judicial de Chile se encuentra en una encrucijada, donde la tragedia de la corrupción convoca a todos a actuar con decisión y ética para evitar que la justicia se transforme en una mera bagatela.