Trama bielorrusa: El diputado Araya en el ojo del huracán y las tensiones que desata en la derecha chilena

La trama bielorrusa ha dejado al descubierto una compleja red de influencias, pagos y presiones que ha escalado hasta poner en el centro de la escena al diputado republicano Cristián Araya, mientras la derecha chilena se debate entre el control de daños y la defensa de su figura más cuestionada.

El 19 de noviembre de 2025, interceptaciones telefónicas revelaron un supuesto pago de $1,7 millones desde el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al parlamentario Araya, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al consorcio bielorruso Belaz Movitec. Según documentos policiales, este dinero habría sido entregado en plena discusión en el Congreso sobre la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa, un caso que ya había generado tensiones políticas y judiciales.

El diputado Araya negó categóricamente haber recibido dinero y afirmó que votó a favor de la destitución de Ulloa, contradiciendo así la narrativa que intentaba vincularlo a una operación para favorecer al exministro. En una declaración pública, se comprometió a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, aunque evitó profundizar en su relación con Yáber.

La denuncia formal fue presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, quienes denunciaron la entrega de fondos y la utilización de información para desprestigiar a opositores políticos. Manouchehri advirtió que "se está abriendo una caja de Pandora" y acusó a sectores conservadores de operar para cerrar esta investigación, apuntando directamente a la cercanía de Araya con el candidato presidencial José Antonio Kast.

Por su parte, Kast y dirigentes del Partido Republicano adoptaron una postura ambivalente: descartaron una defensa corporativa y señalaron que, de avanzar una investigación judicial, Araya debería suspender su militancia. Sin embargo, también denunciaron una campaña de difamación contra el diputado, en el contexto de una campaña presidencial que, según ellos, ha estado marcada por ataques constantes.

La colectividad republicana activó un control de daños interno, subrayando que Araya votó en contra de Ulloa y que no hay pruebas concluyentes que comprometan al diputado. El presidente del partido, Arturo Squella, y la secretaria general, Ruth Hurtado, insistieron en la presunción de inocencia y en la necesidad de esperar nuevas evidencias.

Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que los traspasos de dinero hacia Araya y otro parlamentario, el senador Matías Walker, "ameritan ser investigados" y que se evaluarán diligencias específicas para esclarecer estos hechos, que podrían constituir delitos de cohecho y soborno.

En paralelo, la investigación ha profundizado en el rol de los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes habrían facilitado transferencias millonarias para lavar activos vinculados a la red que favoreció al consorcio bielorruso. Las declaraciones de ambos han aportado datos sobre la estructura y el modus operandi de esta red, que involucra a figuras judiciales y políticas.

Este caso no solo ha desatado una guerra política entre oficialismo y oposición, sino que también ha generado tensiones internas en Chile Vamos, donde se teme que la sombra de la corrupción pueda afectar la campaña presidencial de Kast y la estabilidad del bloque.

Como dijo el diputado Daniel Manouchehri, "hay poderosos intereses que están operando por cerrar esta caja de Pandora"; mientras que desde la derecha, el senador Manuel José Ossandón recordó que "la responsabilidad es individual y no debe salpicar a toda una coalición".

En definitiva, la trama bielorrusa ha puesto en evidencia la fragilidad de los vínculos entre poder, dinero y política en Chile, y ha dejado en claro que la justicia y la opinión pública seguirán expectantes ante cada nuevo capítulo que esta historia aún en desarrollo pueda deparar.

Verdades y consecuencias:

- La existencia de transferencias de dinero desde actores vinculados a la trama bielorrusa hacia parlamentarios está documentada, aunque la finalidad y la influencia de estos pagos aún requieren ser esclarecidas judicialmente.

- La defensa pública de Araya, aunque firme, no ha logrado disipar las dudas ni detener la escalada de denuncias y cuestionamientos.

- La reacción política ha sido diversa y marcada por tensiones internas, reflejando un país polarizado y un sistema político vulnerable a la corrupción y a las operaciones políticas.

- El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la política chilena, así como la importancia de una justicia independiente y rigurosa.

Este episodio, lejos de cerrarse, continuará siendo un desafío para las instituciones y para la ciudadanía, que observa con atención y exige respuestas claras en un escenario donde la confianza está en juego.