Fracaso y precedentes: la acusación constitucional que sacudió la política chilena
En las últimas semanas, Chile fue testigo de un episodio inédito y a la vez revelador en su política: la primera acusación constitucional aprobada contra un ministro en el actual gobierno, que ha desatado un debate intenso sobre los límites y el uso político de este mecanismo. El proceso comenzó con el fracaso de la votación inicial por falta de quórum el 17 de noviembre, cuando una acusación contra el exministro de Energía no logró los votos necesarios para avanzar, pese a las graves críticas sobre su gestión.
Este revés inicial no fue un simple trámite fallido. Más bien, puso en evidencia las profundas fracturas dentro del Congreso y dentro de las coaliciones políticas, donde no solo la oposición sino también sectores del oficialismo mostraron dudas sobre el procedimiento y sus consecuencias. El exministro negó haber ocultado información para evitar alarma pública, defendiendo su gestión.
Sin embargo, la acusación volvió a la palestra y, días después, fue aprobada en la Cámara, marcando un hito: por primera vez un ministro de este gobierno fue sancionado por incumplimiento de deberes de eficiencia y eficacia en la gestión pública. Esta resolución no solo sanciona a una persona, sino que simboliza un llamado a la responsabilidad y a la rendición de cuentas en un Estado que por años ha sido cuestionado por su lentitud y falta de respuesta efectiva.
El debate, sin embargo, no se limita a la culpabilidad individual. Desde la derecha, voces como la del expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, han señalado que este tipo de mecanismos reflejan un ciclo político agotado y que la oposición debe buscar acuerdos para evitar que la acusación constitucional se transforme en un arma de destrucción mutua. Por su parte, expertos en derecho constitucional advierten que la acusación debe ser un "botón nuclear", utilizado solo en casos extremos para no dañar la institucionalidad ni la autonomía de las instituciones públicas.
"La acusación constitucional se ha convertido en una herramienta frecuente de crítica política, pero su uso indiscriminado empobrece el debate y daña el presidencialismo", señaló Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional, en un análisis que invita a la reflexión sobre el futuro de esta figura.
En contraste, desde sectores progresistas y organizaciones ciudadanas, la aprobación de la acusación es vista como un avance en la lucha contra la burocracia ineficiente y la impunidad. "Es un antídoto frente a la banalización de la política, donde las autoridades evaden responsabilidades y los ciudadanos acumulan frustración", afirmó Arturo Hasbún, coordinador de Políticas Públicas.
El escenario político post-acusación sigue siendo complejo. La reciente elección parlamentaria dejó fuera a más de 40 diputados, lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso y, con ello, la dinámica futura de mecanismos como la acusación constitucional. Además, la cercanía de elecciones presidenciales agrega un factor de tensión, con candidatos que ya comienzan a posicionarse y a definir sus posturas respecto a la institucionalidad y el control político.
Finalmente, esta historia deja varias constataciones claras: la acusación constitucional, aunque necesaria para garantizar responsabilidades, no puede convertirse en un instrumento de desgaste político permanente. Su uso debe estar marcado por la contención y la racionalidad, para no socavar las bases del sistema democrático. Asimismo, la sanción a un ministro por ineficiencia es un precedente que podría fomentar una mayor exigencia a las autoridades, pero también plantea riesgos de politización excesiva.
El desafío para Chile es entonces encontrar un equilibrio entre la exigencia ciudadana de transparencia y eficiencia, y la estabilidad institucional que permita gobernar sin el constante temor a la judicialización de la política. En este coliseo político, los actores están a la vista, expuestos a la crítica y a la reflexión pública, mientras la ciudadanía observa, en espera de que la tragedia de la mala gestión se transforme en una lección para el futuro.