
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, los tres imputados en la denominada "Muñeca Bielorrusa", un caso que ha sacudido los cimientos del Poder Judicial chileno. Desde noviembre de 2025, estos abogados permanecen recluidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber, acusados de cohecho, soborno y lavado de activos vinculados a beneficios judiciales otorgados al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec frente a Codelco.
La decisión de mantener la medida cautelar fue adoptada tras una extensa audiencia en la Segunda Sala de la Corte de Santiago, donde se rechazaron los recursos de apelación presentados por las defensas. Los magistrados fundamentaron su resolución en la existencia de antecedentes que, aunque aún en etapa de investigación, permiten inferir la participación coordinada de los imputados en delitos graves. Se evidenció un patrón de triangulación de fondos, compras de dólares y pagos sin justificación, elementos que ponen en riesgo la confianza ciudadana en la administración de justicia.
El ministro Mauricio Rettig, al leer la resolución, subrayó que la libertad de los acusados podría entorpecer las diligencias pendientes, poniendo en peligro la realización de pericias clave para esclarecer los hechos.
Desde la Fiscalía, el persecutor Marco Muñoz valoró la decisión: 'La corte comparte el criterio de esta Fiscalía y reconoce la gravedad de los hechos y la participación de los imputados.' En contraste, las defensas han cuestionado la medida como desproporcionada y basada en interpretaciones más políticas que jurídicas.
Sergio Contreras, abogado de Mario Vargas, denunció un 'desvío teleológico' en la resolución judicial, criticando un lenguaje moralizante y una ponderación de la prueba que, a su juicio, se acerca a una sentencia condenatoria anticipada. Por su parte, la defensa de Eduardo Lagos advirtió que se permitieron nuevas pruebas durante la audiencia sin respetar el derecho a defensa, y que no existen antecedentes claros que justifiquen la prisión preventiva.
En medio del proceso, la declaración voluntaria del exdiputado Gabriel Silber, exsocio de Vargas y Lagos, aportó nuevos y delicados antecedentes. Silber se desligó de sus excompañeros y reveló que Mario Vargas facilitó un departamento en Papudo a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco durante el litigio entre Belaz Movitec y Codelco. Además, denunció presiones para construir una declaración que justificara un pago sospechoso de 45 millones de pesos a Gonzalo Migueles, monto investigado como posible coima.
La defensa de Silber negó cualquier colusión con los imputados y afirmó que él colabora activamente con el Ministerio Público para esclarecer los hechos.
Este caso no solo ha puesto en jaque a tres profesionales del derecho, sino que ha desnudado vulnerabilidades profundas en el sistema judicial chileno, afectando la confianza pública. La investigación ha implicado incluso a altos tribunales y ha llevado a la Corte Suprema a iniciar sumarios contra ministros vinculados.
La ratificación de la prisión preventiva refleja la cautela con que el Poder Judicial enfrenta estos hechos, pero también abre un debate sobre los límites y garantías en procesos de alta complejidad y repercusión social.
Mientras las defensas preparan nuevas estrategias y solicitudes de diligencias, la sociedad observa expectante cómo se desarrollará esta tragedia judicial, que combina elementos de corrupción, poder y justicia en un escenario donde la verdad aún está en construcción.
La historia de la "Muñeca Bielorrusa" aún no termina, y sus consecuencias podrían redefinir la transparencia y el funcionamiento del sistema judicial chileno en los años venideros.