Corte de Coyhaique niega libertad condicional a Mauricio Ortega: La reinserción social como muro infranqueable

Un proceso judicial marcado por la tensión y la expectación culminó el 21 de noviembre de 2025 en la ciudad de Coyhaique con la decisión unánime de la Comisión de Libertad Condicional de negar la salida anticipada a Mauricio Ortega Ruiz, condenado a 18 años por la brutal agresión que dejó ciega a su entonces pareja, Nabila Rifo, en 2015.

Ortega había accedido inicialmente a la libertad condicional el 8 de octubre, tras cumplir la mitad de su condena, pero la Corte Suprema revocó esa decisión luego de un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que denunció irregularidades en la notificación a la víctima.

Este fallo de la Corte Suprema obligó a que la Comisión volviera a sesionar, esta vez con la presencia activa del representante legal de Nabila Rifo, quien pudo ejercer su derecho a ser escuchada, un aspecto que había sido cuestionado en la instancia anterior.

La decisión y sus fundamentos

La Comisión, presidida por el ministro Pedro Castro Espinoza e integrada por jueces y magistrados de la Región de Aysén, rechazó por unanimidad la solicitud de libertad condicional de Ortega. La razón central fue la ausencia de un informe psicosocial favorable elaborado por Gendarmería, requisito indispensable para evaluar el riesgo de reincidencia y la posibilidad real de reinserción social.

“El postulante no ha demostrado haber tenido avances significativos en su proceso de reinserción social, que permitan inferir posibilidades de resocialización adecuada en la sociedad, de tal manera de considerarlo como merecedor del beneficio de libertad condicional”, explicó el ministro Castro.

Este informe técnico, incorporado como requisito desde la reforma legal de 2023, ha cobrado relevancia en casos emblemáticos, especialmente aquellos relacionados con violencia de género, donde la protección de la víctima y su entorno es prioritaria.

Voces encontradas y el peso de la víctima

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró la decisión: “Destacamos que, en esta oportunidad, la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia.”

Por otro lado, sectores críticos advierten sobre la complejidad de equilibrar los derechos del condenado con la seguridad de las víctimas, señalando que la falta de avances en reinserción puede estar influida por factores estructurales del sistema penitenciario y no solo por la voluntad individual.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la escasa inversión en programas efectivos de rehabilitación y la necesidad de un enfoque integral que incluya apoyo psicológico y social.

Contexto y consecuencias

Este caso, que desde 2016 ha movilizado a la opinión pública y a las instituciones, se convierte en un referente para el debate sobre la libertad condicional en Chile, especialmente en delitos de alta connotación social.

La negativa unánime deja en evidencia la rigidez con que la justicia está abordando la reinserción en casos de violencia extrema, y plantea interrogantes sobre las condiciones reales para que un condenado pueda demostrar su rehabilitación.

Además, la participación activa del SernamEG y la consideración de la voz de la víctima marcan un precedente en la protección de derechos dentro de los procesos judiciales.

Constataciones finales

- La unanimidad en la negativa refleja una postura judicial que prioriza la seguridad y la protección de las víctimas ante posibles riesgos de reincidencia.

- El informe psicosocial de Gendarmería se consolida como un pilar fundamental para evaluar la libertad condicional, aunque su aplicación suscita debates sobre la calidad y alcance de los programas de rehabilitación.

- La inclusión efectiva de la víctima en el proceso judicial fortalece el respeto a sus derechos y aporta mayor legitimidad a las decisiones.

Este episodio evidencia que, en la arena judicial chilena, la libertad condicional no es un derecho automático, sino un privilegio condicionado a avances reales y verificables en la reinserción social, especialmente en casos que conmueven a la sociedad y exigen una respuesta contundente.

Fuentes consultadas: Cooperativa.cl, La Tercera, declaraciones oficiales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, informes de Gendarmería de Chile.