Gobierno reafirma retiro de artefactos en Punta Peuco: Conflicto legal y social en torno a la reconversión penitenciaria

En un giro significativo de los acontecimientos, el gobierno chileno ha reafirmado su decisión de retirar artefactos como refrigeradores y toldos del ex penal Punta Peuco, a pesar de la intervención judicial que ha buscado frenar estas acciones. El conflicto, que ha estado en el centro del debate público, se intensificó cuando el juez de Colina, Carlos Poblete, emitió una orden de no innovar, que interrumpió temporalmente el retiro de estos enseres. “El único recurso declarado admisible de manera parcial fue respecto a las restricciones de las encomiendas, no respecto a lo otro”, aclaró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien reafirmó que los intentos legales de los internos para mantener estos privilegios no han prosperado en los tribunales.

Desde el anuncio de la reconversión de Punta Peuco, que busca convertirlo en un centro de cumplimiento penitenciario común, la administración de Gendarmería ha enfrentado múltiples desafíos. La resistencia de los internos, quienes han argumentado que la remoción de los artefactos afecta su calidad de vida, ha sido respaldada por sus defensas legales. El 1 de diciembre, tras quejas de los internos y sus familias, el juez Poblete se trasladó al recinto para verificar el cumplimiento de la orden judicial.

La situación ha generado un amplio espectro de reacciones. Por un lado, sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han aplaudido la decisión del gobierno de eliminar privilegios en un penal que ha sido históricamente asociado a crímenes de lesa humanidad. “Es fundamental que todos los internos cumplan con las mismas normas, sin excepciones”, declaró un representante de derechos humanos. Sin embargo, otros argumentan que la forma en que se está llevando a cabo la reconversión ha sido abrupta y poco respetuosa con los derechos de los internos.

Desde el gobierno, se ha insistido en que la transformación de Punta Peuco implica el fin de cualquier tratamiento especial. “Gendarmería continuará realizando las adecuaciones operativas necesarias para retirar los artefactos no autorizados”, afirmó Gajardo, subrayando la intención de estandarizar el régimen interno del penal. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de controversias, ya que la intervención judicial ha dejado en suspenso ciertas acciones, generando incertidumbre sobre el futuro del penal y el bienestar de sus internos.

Mientras el debate continúa, las voces de los ciudadanos se dividen. Algunos consideran que la eliminación de privilegios es un paso necesario hacia una justicia más equitativa, mientras que otros temen que este proceso pueda desestabilizar aún más la ya compleja situación de los internos. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de la justicia penal en Chile. La situación en Punta Peuco no solo refleja un conflicto legal, sino que también pone de manifiesto las tensiones sociales en torno a la memoria histórica y la justicia en el país.