Gobierno expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio: Plan habitacional en medio de controversia
La reciente decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio ha suscitado un intenso debate en el país, justo a días de que se cumpla el plazo para el desalojo de este asentamiento, hogar de más de 10 mil personas. La medida, anunciada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, busca abordar la crisis habitacional y evitar un desalojo masivo que podría derivar en una crisis humanitaria.
El contexto de esta acción se remonta a un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en marzo de 2025 ordenó el desalojo del terreno, ocupando un área de 215 hectáreas. Sin embargo, las negociaciones con los propietarios no llegaron a un acuerdo, ya que estos exigían un precio por metro cuadrado que el Gobierno consideró exorbitante. Se ofrecieron 0,23 UF por metro cuadrado, mientras que los dueños pedían 0,44 UF. Como resultado, el Gobierno ha decidido utilizar sus facultades para llevar a cabo la expropiación, un recurso que ha sido utilizado por diversas administraciones en el pasado.
"La expropiación es una herramienta que ha utilizado este y todos los gobiernos. Usaremos todas las herramientas del Estado de Derecho para materializar esta solución", declaró Montes, enfatizando la necesidad de actuar ante la inminente crisis.
Sin embargo, la medida ha generado reacciones encontradas en el Congreso. La diputada Natalia Romero (UDI) criticó la expropiación, argumentando que "no tiene por objetivo ofrecer una solución real y concreta" y que podría estar eludiendo la responsabilidad del Gobierno actual. En contraste, el senador Iván Flores (DC) defendió la decisión, subrayando que la expropiación está regulada y busca el interés público.
El plan habitacional que se implementará beneficiará a 40 comités de vivienda, que representan a 3.700 familias, pero dejará a cerca de 400 familias sin solución. Esto ha generado preocupación entre los residentes, quienes han expresado su descontento con la forma en que se ha manejado la situación. "El Gobierno ha sido incapaz de ofrecer una solución habitacional adecuada", indicó Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa, al referirse a la falta de albergues y opciones de reubicación.
A medida que se acerca la fecha del desalojo, el 4 de diciembre, el Gobierno ha reiterado su compromiso de cumplir con el fallo judicial, al tiempo que se coordina la habilitación de albergues para las familias afectadas. La situación en San Antonio es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de desarrollo urbano y la urgencia de abordar las necesidades sociales de la población vulnerable.
En conclusión, la expropiación de la megatoma de San Antonio no solo representa una respuesta a un problema habitacional crítico, sino que también pone de manifiesto las complejidades y desafíos en la gestión de asentamientos informales en Chile. La forma en que el Gobierno maneje esta transición será crucial para evitar una crisis humanitaria y garantizar el bienestar de las familias afectadas.