La vivienda en Chile se rifa sin reglas: un vacío legal que pone en jaque a miles de familias

En los últimos años, un fenómeno poco convencional ha ganado terreno en el mercado inmobiliario chileno: la venta de viviendas a través de rifas organizadas en redes sociales. Desde la pandemia, más de 200 inmuebles han sido ofrecidos bajo esta modalidad, moviendo sumas millonarias sin ningún respaldo jurídico ni fiscalización clara. Lo que partió como una idea ingeniosa para facilitar el acceso a la vivienda se ha transformado en una práctica que pone en riesgo el patrimonio y la confianza de cientos de familias.

El vacío legal que rodea a estas rifas es evidente. Cualquier persona puede organizar una rifa sin garantizar la transferencia efectiva del inmueble ni la devolución del dinero en caso de incumplimiento. “Es un juego sin reglas ni marco jurídico que vulnera la ilusión y seguridad de los participantes”, advierte Joaquín Solar, gerente legal de Imagina Grupo Inmobiliario. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores, pues se trata de un mercado paralelo que opera en la sombra, sin controles ni garantías.

El Congreso ha comenzado a discutir un proyecto de ley que busca poner orden en esta práctica. La iniciativa propone establecer requisitos claros para la organización de rifas de bienes inmuebles, asegurando la legalidad del proceso, la transferencia efectiva de la propiedad y el cumplimiento tributario. Según sus impulsores, no se trata de limitar la innovación, sino de proteger a las familias y evitar que la precariedad económica las exponga a fraudes.

Desde la perspectiva social, esta modalidad refleja la profunda crisis habitacional y la dificultad creciente para acceder a una vivienda propia en Chile. En un contexto de contracción económica y aumento de la desigualdad, las rifas se presentan como una alternativa desesperada para muchos, aunque con riesgos evidentes.

En el plano político, la discusión se ha polarizado. Algunos sectores conservadores enfatizan la necesidad de preservar la seguridad jurídica y evitar prácticas que puedan fomentar la especulación o el lavado de dinero. Por otro lado, representantes de movimientos sociales y organizaciones de vivienda llaman a considerar las causas estructurales que impulsan a las personas a recurrir a estas vías informales y a diseñar políticas públicas que garanticen acceso real y digno a la vivienda.

En regiones, la práctica también ha tenido repercusiones distintas. En zonas urbanas con alta demanda inmobiliaria, las rifas se han convertido en un fenómeno más visible, mientras que en localidades más pequeñas el impacto es menor pero no menos preocupante, ya que la falta de regulación dificulta el control y la protección de los participantes.

Desde el punto de vista jurídico, expertos advierten que la ausencia de un marco regulatorio claro genera un caldo de cultivo para la estafa y la incertidumbre. “Jugar con los sueños de miles de familias no solo es indebido e imprudente: es éticamente inaceptable”, sostiene Solar.

En definitiva, la práctica de rifar viviendas sin reglas claras es un síntoma de problemas más profundos en el sistema de acceso a la vivienda en Chile. El debate legislativo en curso es una oportunidad para cerrar un vacío legal que hoy expone a las personas a riesgos evitables, pero también un llamado a repensar políticas habitacionales que respondan a las necesidades reales de la población.

Solo con un marco legal que garantice transparencia, certeza jurídica y protección a los ciudadanos será posible poner fin a una práctica que, aunque nacida de la necesidad, amenaza con convertirse en una trampa para quienes más necesitan un hogar.