El fraccionamiento pesquero en Chile: un choque entre equidad y estabilidad patrimonial

Un pulso que expone las tensiones de un sector clave

Desde comienzos de 2025, el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero ha desencadenado un debate que, lejos de amainar, se ha ido profundizando y polarizando. En el centro, la propuesta del Ejecutivo de reducir la cuota de pesca industrial de jurel del 90% al 70%, para favorecer al sector artesanal, ha puesto en jaque no solo la estructura productiva, sino también el valor patrimonial de las empresas involucradas.

Según un estudio del exsubsecretario de Pesca Andrés Couve, el sector industrial podría enfrentar una pérdida patrimonial de US$ 410 millones entre 2025 y 2032, equivalente a un 22,5% del valor actual de las Licencias Transables de Pesca (LTP). Este dato ha encendido las alarmas en la industria, que ve amenazados no solo sus activos sino también la estabilidad de miles de empleos directos e indirectos.

Diversas voces en el ring

Desde la perspectiva del sector industrial, representado por empresas como Camanchaca, esta reforma es una afrenta que altera condiciones jurídicas y económicas consolidadas, configurando lo que en términos legales se califica como una 'expropiación sin indemnización'. Jorge Bofill, abogado de la compañía, ha anticipado la posibilidad de acciones legales para resguardar los intereses empresariales.

En contraste, el bloque oficialista y sectores que apoyan la reforma argumentan que la normativa vigente es ilegítima y que el fraccionamiento busca corregir desigualdades históricas, fortaleciendo a las comunidades artesanales que han sido relegadas en el reparto de cuotas. Desde esta óptica, la medida es una reparación social y un paso hacia una pesca más equitativa y sostenible.

Impactos regionales y sociales: un mosaico complejo

Las regiones donde la pesca es un motor económico enfrentan un escenario cargado de incertidumbre. Para miles de trabajadores, la reforma amenaza la continuidad de empleos formales y la viabilidad de cadenas productivas que sostienen economías locales.

Por otro lado, las comunidades artesanales ven en el proyecto una oportunidad para ampliar su participación y mejorar sus condiciones, lo que para ellas representa un avance en justicia social y reconocimiento histórico.

¿Qué se puede concluir?

El debate no es solo económico, sino profundamente político y social. La tensión entre el derecho adquirido y la necesidad de corregir desigualdades configura un escenario donde no hay soluciones simples ni consensos fáciles.

El Estado enfrenta el desafío de diseñar una política pública que equilibre la estabilidad patrimonial y la inversión de largo plazo con la inclusión y fortalecimiento de sectores históricamente marginados.

Queda claro que una reforma desequilibrada puede erosionar no solo activos privados, sino también el empleo formal, las exportaciones y la competitividad internacional de Chile en un mercado global cada vez más exigente.

Este caso invita a la reflexión sobre cómo se construyen las políticas públicas en sectores estratégicos y cómo se puede avanzar en equidad sin sacrificar la viabilidad económica y social del país.

Fuentes: Diario Financiero (2025-05-07), estudio exsubsecretario Andrés Couve, declaraciones de Jorge Bofill (Camanchaca).